LD (EFE) Así lo ha anunciado este viernes Jorge Jordana, secretario general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), entidad que denunció ante los servicios técnicos de la Dirección General de Empresas, dependiente del comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, la falta de transposición de dicha directiva.
Según explicó Jordana, la Comisión Europea emitió en febrero de 2003 un dictamen contra el Gobierno español por incumplir los plazos en la transposición de la directiva y que fue la Dirección General de Empresas la que remitió un informe al Colegio de Comisario, que previo informe de los servicios jurídicos, presentó la denuncia.
Jordana recordó que el Gobierno –que había redactado un proyecto de ley que no fue aprobado y "en cuyo texto no figuraban todas las disposiciones de la directiva"– debía haber incluido en la normativa española la directiva a más tardar en agosto del pasado año. También destacó que todos países de la Unión, salvo España y Luxemburgo, tienen incorporada la normativa comunitaria a su ordenamiento, incluso los países candidatos a la adhesión.
La Directiva de Morosidad establece medidas legales para proteger a los proveedores, como el derecho de pago con intereses cuanto el plazo excede los 31 días en una transacción comercial y la articulación de una cláusula antiabuso que anule legalmente cualquier contrato que imponga condiciones desmedidas.