(Libertad Digital) El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una información previa para conocer la entidad de los hechos ocurridos en relación con la puesta en libertad de tres etarras por no prorrogarse supuestamente el plazo de prisión provisional.
Fuentes del CGPJ han explicado a la agencia EFE que se trata de determinar lo sucedido y ver si procede la apertura de diligencias informativas para investigarlo. Según publica el diario La Razón, el juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, decretó el lunes la puesta en libertad provisional de los presuntos etarras Ibai Ayensa Laborda y Miguel Soto Nolasco, al haber transcurrido dos años desde su detención y no haber sido decretada la prórroga de la prisión. Además, según indicaron fuentes de la investigación, también salió de la cárcel el supuesto etarra Arturo Fernández Garcés, por los mismos motivos.
Fuentes del CGPJ han explicado a la agencia EFE que se trata de determinar lo sucedido y ver si procede la apertura de diligencias informativas para investigarlo. Según publica el diario La Razón, el juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, decretó el lunes la puesta en libertad provisional de los presuntos etarras Ibai Ayensa Laborda y Miguel Soto Nolasco, al haber transcurrido dos años desde su detención y no haber sido decretada la prórroga de la prisión. Además, según indicaron fuentes de la investigación, también salió de la cárcel el supuesto etarra Arturo Fernández Garcés, por los mismos motivos.
Razones de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional justifica la excarcelación por "un error en la consignación de la fecha que aparece en el expediente", donde se hizo constar la del ingreso en prisión, el 25 de febrero de 2002, y no la de su detención, el 21. La prisión provisional de los detenidos debe ser revisada obligatoriamente a los dos años, pero la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en esta materia, que entró en vigor el pasado 25 de octubre, estableció que ese plazo empieza a contar desde el momento de la detención, y no desde que se dicta el auto de prisión como ocurría anteriormente.
Así, Ayensa había superado en dos días el plazo de prisión preventiva cuando ayer fue conducido ante el juez Guillermo Ruiz Polanco para celebrar la comparecencia prevista en el artículo 504.2 de la LECrim, aunque en el Juzgado se creía -debido al error antes citado, que las fuentes consultadas atribuyen a un funcionario- que faltaban aún 48 horas para cumplirlo.
De este modo, según fuentes del Juzgado de Ruiz Polanco, el magistrado no tuvo otra opción que decretar la libertad de Ayensa, y también rechazó la petición de la Fiscalía de ordenar nuevamente su prisión al entender que eso constituiría un fraude de ley. Las fuentes explicaron que, una vez acordada la libertad, no puede dictarse el reingreso en prisión del detenido si no hay elementos nuevos en la causa que aconsejen esta medida, por lo que acceder a la pretensión del ministerio público hubiera supuesto contravenir la legalidad.
El juez, no obstante, impuso a Ayensa varias medidas cautelares, como la obligación de presentarse semanalmente en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional o cambiar de domicilio sin la autorización del magistrado.
Así, Ayensa había superado en dos días el plazo de prisión preventiva cuando ayer fue conducido ante el juez Guillermo Ruiz Polanco para celebrar la comparecencia prevista en el artículo 504.2 de la LECrim, aunque en el Juzgado se creía -debido al error antes citado, que las fuentes consultadas atribuyen a un funcionario- que faltaban aún 48 horas para cumplirlo.
De este modo, según fuentes del Juzgado de Ruiz Polanco, el magistrado no tuvo otra opción que decretar la libertad de Ayensa, y también rechazó la petición de la Fiscalía de ordenar nuevamente su prisión al entender que eso constituiría un fraude de ley. Las fuentes explicaron que, una vez acordada la libertad, no puede dictarse el reingreso en prisión del detenido si no hay elementos nuevos en la causa que aconsejen esta medida, por lo que acceder a la pretensión del ministerio público hubiera supuesto contravenir la legalidad.
El juez, no obstante, impuso a Ayensa varias medidas cautelares, como la obligación de presentarse semanalmente en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional o cambiar de domicilio sin la autorización del magistrado.
Razones de la Fiscalía
Desde la Fiscalía, mientras tanto, se aseguró que el fiscal encargado del caso -Ignacio Gordillo, aunque a la comparecencia del lunes asistió su compañero Jesús Alonso, también adscrito al Juzgado Central de Instrucción número 1- "no ha tenido retraso en sus actuaciones", y se anunció que recurrirá el auto de libertad de Ayensa en cuanto le sea notificado.
Fuentes del ministerio público aseguraron, en contra de lo que dicen en el Juzgado, que el fiscal y el magistrado tenían "fechas distintas" en relación con la detención del presunto etarra, y subrayaron el hecho de que Ruiz Polanco podía haber convocado de oficio la comparecencia para estudiar la prórroga de la prisión y, sin embargo, esperó a que fuera solicitada por el fiscal.
Las fuentes consultadas sí pusieron de manifiesto que el fiscal Gordillo ha estado en todo momento "al tanto" de la causa, en la que ha emitido un total de 34 despachos siempre en un plazo de cuatro o cinco días después de que el juez le diera traslado. Por contra, aseguraron que el magistrado no ha dictado aún el procesamiento de Ayensa y de otros supuestos miembros del "comando Ekaitza" a pesar de que el fiscal se lo solicitó hace casi dos años, el 27 de mayo de 2002.
Críticas desde el Ministerio del Interior
El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha calificado de "lamentable" la puesta en libertad por parte de la Audiencia Nacional de los tres detenidos y confió en que "cuanto antes se pueda rectificar y arreglar el problema". "Siempre que unos presuntos miembros de ETA son puestos en libertad, es una mala noticia que lamento, porque cuesta mucho a las fuerzas de seguridad detenerles y ponerlos a disposición judicial", dijo Acebes, que expresó su deseo de que los tres presuntos etarras puedan ser pronto detenidos otra vez y juzgados y cumplan prisión tras la oportuna sentencia judicial.
Miguel Soto Nolasco fue miembro de Jarrai (antigua organización juvenil de la banda terrorista), donde llegó a encargarse de temas de relaciones internacionales en 1996. En 1999 se presentó en las listas de Euskal Herritarrok (Batasuna-ETA) para las elecciones municipales de ese año. Por su parte, Ibai Ayensa admitió ante la Guardia Civil su pertenencia al "Grupo Ekaitza" (Tormenta) de ETA y asumió las acciones del mismo.