L D (EFE) El portavoz se remitió a las palabras pronunciadas por el comisario el pasado 16 de diciembre en el Parlamento Europeo, cuando aseguró que "es muy difícil que la Comisión presente soluciones inmediatas" respecto a la cofinanciación del Plan español, ya que "está en juego su sostenibilidad".
Este sábado, la dirección general de Política Regional está recopilando la opinión de los otros departamentos afectados por el PHN, es decir, Medio Ambiente, Agricultura, Mercado Interior o Presupuestos, tras la petición formal presentada en diciembre por el Gobierno español de una ayuda de 1.262 millones de euros para cofinanciar el trasvase del Ebro, lo que supondría el 30 por ciento de su coste total. La dirección general de Medio Ambiente ha solicitado más tiempo antes de tomar postura, debido a las dudas que mantiene en algunos puntos.
Para financiar el trasvase del Ebro han sido presentados cuatro proyectos de financiación, tres de ellos que serían cubiertos con fondos FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional), y afectarían a territorio de Valencia, Murcia y Andalucía, y cuya decisión final corresponde al comisario Michel Barnier. El cuarto proyecto sería subvencionado con Fondos de Cohesión, y su decisión corresponde al colegio de comisarios, aunque en ninguno de ellos se espera una respuesta antes de junio.
Estudio pormenorizado
El trasvase del Ebro es el proyecto de mayor envergadura de los 898 incluidos en el Plan Hidrológico Nacional, por lo que está siendo estudiado por la Comisión de forma global, debido a su incidencia medioambiental. El trasvase del Ebro contempla una trasferencia de un máximo de 1.050 hectómetros cúbicos de agua con destino a las cuencas internas de Cataluña, a la cuenca hidrográfica del Júcar, a la cuenca hidrográfica del Segura, y a la del Sur, en la provincia de Almería.
La Comisión Europea está analizando escrupulosamente si el proyecto cumple la normativa comunitaria, y sus posibles impactos en directivas como la de aves, o afectar a especies en extinción como el lince ibérico. Por ello ha prometido ser escrupulosa en el análisis de siete premisas: los ingresos que generaría, el análisis coste-beneficio, la evaluación del impacto ambiental, su coherencia, su conformidad con las políticas europeas, las ventajas económicas y sociales que entraña, y la coordinación de los instrumentos financieros y los préstamos.