L D (EFEDATA) El juez de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha arremetido contra los medios de comunicación tras serle incoado un expediente por la excarcelación de un etarra. Sin embargo, no es la primera vez que el CGPJ le pide cuentas en el ejercicio de su profesión.
El 23 de junio de 2000, la comisión disciplinaria del CGPJ abrió diligencias informativas para esclarecer los hechos relacionados con la decisión del juez de dejar en libertad bajo fianza de 25 millones de pesetas al narcotraficante Alfredo Cordero. Entonces, según informa la agencia EFE, la Fiscalía Antidroga recusó a Guillermo Ruiz Polanco al estimar "apariencia" de familiaridad o amistad con uno de los abogados de Cordero, Javier Morales, miembro del Colegio de Abogados de Pamplona, donde el magistrado ejerció durante 16 años como juez. Las diligencias acabaron en un expediente que fue archivado. Las Fuerzas de Seguridad del Estado consideraban a Cordero como uno de los grandes introductores de cocaína.
El 29 de mayo de 2001 la Comisión Disciplinaria del CGPJ abrió otro expediente disciplinario contra el juez por posible falta grave o muy grave en relación con las declaraciones realizadas sobre su decisión de dejar en libertad al abogado Pablo Vioque en otro caso de narcotráfico. Fuentes del CGPJ explicaron entonces que el juez podría haber cometido una falta muy grave si se decidiera que se produjo una revelación de secretos que causara perjuicio a la tramitación del proceso. Esta vez, el juez no había dudado en acudir a los medios de comunicación.
Guillermo Ruiz Polanco declaró en concreto a Onda Cero que no tenía "datos que acrediten que" Pablo Vioque, detenido como presunto responsable en España de una red de narcotráfico, "es el capo de nada", por lo que acordó su libertad, si bien el juez que lleva el caso en la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, ordenó al día siguiente su ingreso en prisión. Ese día, el juez Guillermo Ruiz Polanco aseguró a los periodistas que no había revelado ningún secreto de sumario en sus declaraciones en varias emisoras de radio y consideró que si lo hubiera hecho habría "explicado muy bien la situación y aclarado mucho las cosas". Finalmente, el Tribunal Supremo archivó el expediente al entender que el juez no había incurrido en los delitos que se le imputaban.
El 11 de mayo de 2001, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dirigió una "prevención" a Ruiz Polanco al estimar "injustificado" e "innecesario" un oficio dirigido por éste a la Ertzaintza en el que informaba de que, en lo sucesivo, "todas las actuaciones procesales" habrían de hacerse directamente con él, y no con los funcionarios del Juzgado.
El 11 de mayo de 2001, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dirigió una "prevención" a Ruiz Polanco al estimar "injustificado" e "innecesario" un oficio dirigido por éste a la Ertzaintza en el que informaba de que, en lo sucesivo, "todas las actuaciones procesales" habrían de hacerse directamente con él, y no con los funcionarios del Juzgado.
Por último, el 23 de octubre de 2003, la comisión disciplinaria abrió un nuevo expediente disciplinario al juez por una posible falta grave de retraso injustificado en la investigación de una trama de facturas falsas de empresas informáticas. La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco vocales que componen esta comisión a pesar de que el servicio de inspección que había estudiado el caso a raíz de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción propuso su archivo.
Según explicaron fuentes del Consejo, el servicio de inspección argumentaba que las dilaciones podían estar justificadas en la gran complejidad del caso, así como en la necesidad de traducir un gran volumen de documentos del alemán, ya que las empresas implicadas están en su mayoría radicadas en Alemania, aunque actuaban mediante sociedades interpuestas en distintos países, entre ellos España. El montante del fraude fue cifrado inicialmente en unos 9 millones de euros.
El CGPJ estimó sin embargo que el informe de la inspección no explicaba los motivos por los que -según denunciaba Anticorrupción- el magistrado no proveía las diligencias de prueba solicitas por ésta, lo que en último extremo motivó la apertura del expediente disciplinario.