LD (EFE) La reunión del directorio se celebró después de que Argentina pagara el pasado 9 de marzo un vencimiento de 3.100 millones de dólares que adeudaba al Fondo y que había amenazado con no efectuar si no recibía garantías de la institución financiera de que aprobaría la revisión.
Tras las presiones, la directora gerente en funciones del Fondo Monetario Internacional , Anne Krueger, se comprometió a recomendar al Directorio del Fondo la aprobación de esta segunda revisión y, dicho y hecho, la revisión ha sido definitivamente aprobada.
Esta vez, la aprobación se produjo sin abstenciones, al contrario de lo que había sucedido en la primera revisión, cuando ocho directores no votaron, en protesta por la falta de progresos en la negociación entre Buenos Aires y sus acreedores privados para reestructurar la deuda soberana. En esta ocasión, los miembros del Grupo de los Siete países más desarrollados –Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido– se pronunciaron a favor de la revisión. En enero, el Reino Unido, Italia y Japón se abstuvieron.
La segunda revisión del acuerdo de tres años –suscrito el pasado septiembre– pondrá a disposición de Argentina otros 3.100 millones de dólares para que este país pueda reponer sus reservas de divisas. A cambio, las autoridades argentinas suscribieron una carta de intenciones en la que se incluye una nueva estrategia para reestructurar la deuda y medidas para alcanzar un acuerdo de colaboración con los acreedores.
Según explicó en su día la directora en funciones del Fondo, el Gobierno argentino establecerá, con la asistencia de los bancos de inversión designados por Buenos Aires, "un calendario y un proceso que garantizará unas negociaciones significativas con todos los grupos acreedores representativos". Con este fin, Argentina completará "en breve" el decreto que formalizará el nombramiento del consorcio bancario asesor, formado por Barclays, Merrill Lynch y UBS, agrega el comunicado de Krueger.
La negociación de Argentina con sus acreedores privados, que cuentan con un total de 88.000 millones de dólares en deuda de ese país, había sido el principal punto de fricción entre el Gobierno de Buenos Aires y el FMI a la hora de completar la segunda revisión. A partir de ahora, Argentina debe negociar "de buena fe", algo que sus acreedores denuncian que no está sucediendo.
La carta de intención incluye también las medidas que el Gobierno argentino pretende adoptar para hacer avanzar reformas estructurales claves, reforzar el sistema bancario y reformar el sector de los servicios públicos. Contiene también el cuadro macroeconómico que calculan las autoridades argentinas para 2004 y que contempla un crecimiento del 5,5 por ciento, por encima de lo calculado inicialmente.