(Libertad Digital) Con fecha 18 de febrero de 2004, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, presidida por el ex ministro socialista Fernando Ledesma Bartret, emitió un auto en el que recuerda las tres veces en las que el Gobierno del PP se ha negado a ejecutar una sentencia destinada a devolver "la pluralidad informativa" existente antes de que la SER se quedara con Antena 3 Radio de forma ilegal.
Después de que se recurriera al Constitucional –lo cual no obligaba al Gobierno a paralizar la ejecución–, el Alto Tribunal ratificó el fallo en 2001. El Ejecutivo se dio por enterado, no se sabe muy bien por qué, seis meses después. Al fin, en Consejo de Ministros celebrado el 2 de noviembre de 2001, el Gobierno decidió adoptar la ejecución pero pidiendo al grupo PRISA que le presentara un innecesario plan de desinversión. Y volvieron a correr los meses. Una simple actuación, un trámite, de la Dirección General de Defensa de la Competencia –Ministerio de Economía, Rodrigo Rato– es lo que falta para que la ejecución sea una realidad.
En los antecedentes de hecho del reciente auto que ha podido consultar Libertad Digital, el Supremo repasa los continuos contratiempos con los que tanto el grupo PRISA, pero sobre todo el Gobierno conseguían dilatar el objetivo de la sentencia: "devolver la pluralidad informativa" anterior a la concentración.
Pero la cuestión mollar de este auto la encontramos en sus Fundamentos de Derecho. Aunque la terminología jurídica siempre tiende al rodeo, queda patente el hartazgo del Tribunal que se ve obligado a recordar al Gobierno que es él el que tiene que dar el último paso para resolver una situación próxima a cumplir la década. En su primer punto dice: "Debemos resolver mediante este auto un nuevo incidente de ejecución de sentencia, tercero de los que con igual carácter han sido promovidos en el presente proceso, mediante el cual el Abogado del Estado pretende que dictemos el auto que corresponda por el que se determine 'si se ha dado cumplimiento y llevado a puro y debido efecto lo dispuesto en la Sentencia de dicho Tribunal de 9 de junio de 2000 y procede, por tanto, archivar el correspondiente expediente de vigilancia tramitado por el Servicio de Defensa de la Competencia'".
En suma, el auto se ve en obligación de recordar al Gobierno que el Supremo no puede sustituir a la Dirección General de Defensa de la Competencia "en el análisis inicial de si unas determinadas actuaciones de las partes cumplen o no cumplen las condiciones que la propia Dirección General les ha impuesto". Por decirlo más claro, que ejecute de una vez quien debe hacerlo y luego, si es necesario, el Tribunal se ocupará de detalles posteriores. Que al pedir la ejecución de la sentencia no se está solicitando al Gobierno que mida "los efectos civiles de la resolución de aquellos negocios jurídicos entre las partes que lo pactaron".