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Jueces de la Sala Electoral del TSJ ordenan validar 876.017 firmas dudosas contra Chávez

Los jueces miembros de la sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia han ratificado su competencia en el caso de las "firmas dudosas" recabadas por la oposición venezolana. En su decisión, la sala comunica al Consejo Nacional Electoral que tiene cinco días de plazo para validar las 876.017 rúbricas con caligrafía similar que piden celebrar un referendo revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez.

LD (EFE) El magistrado Alberto Martini Urdaneta, presidente de la sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, informó de que esa instancia reafirma su competencia para conocer la causa de las 876.017 firmas de caligrafía similar, se declara con lugar la solicitud de amparo y medida cautelar, y ordena al Consejo Nacional Electoral validar las firmas colocadas en observación.
 
El magistrado indicó que el texto anula también las normas aprobadas por el Comité Técnico Superior del CNE después del proceso de recolección de firmas y elimina el proceso de reparo (revisión) para que quienes no hubieran firmado pidan que se les excluya de las listas.  De igual manera, ordena al CNE que incluya entre las firmas a reparar a aquéllas que se encuentran en las 39.000 planillas invalidadas por el organismo comicial.
 
Al anunciar la ratificación del fallo sobre las firmas "dudosas", el presidente de la Sala Electoral, Alberto Martini, dudó sobre el acatamiento de la misma por parte del CNE, y señaló que ese asunto "indudablemente va a ser un punto de controversia". La directiva del CNE ha dicho que sólo obedece dictámenes de la Sala Constitucional, que la designó de forma transitoria el pasado julio para llenar el "vacío" dejado por el Poder Legislativo, que nunca pudo acordar esos nombramientos.
 
La validación por parte del CNE de estas rúbricas significaría la convocatoria inmediata del referendo presidencial, porque sumadas a las más de 1,8 millones firmas opositoras ya aceptadas por el organismo, superarían el mínimo de 2,4 millones que exige la ley.

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