(Libertad Digital) Olga Sangrador desapareció un 25 de junio de 1992 la localidad vallisoletana de Villalón de Campos. La Policía dirigió sus pesquisas hacia Juan Manuel Valentín Tejero, un delincuente que en ese momento disfrutaba de un permiso penitenciario concedido por el entonces juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León, Ignacio Sánchez Yllera, pese a que cumplía una condena por agresión sexual.
Dos días después, la Policía lo detuvo. Valentín se confesó autor del secuestro de la niña. Pero al seguir con el interrogatorio, el delincuente terminó por acompañar a los agentes hasta un pinar en Tudela del Duero donde se encontró a la niña muerta, enterrada y con claros signos de violación.
En septiembre de 1993, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid condenaba a Juan Manuel Valentín Tejero a 20 años de cárcel por el rapto y violación de la pequeña y a otros 30 por el asesinato. En la sentencia –además de los trágicos detalles sobre la forma en la que murió Olga– se destacaba que el asesino "no presenta psicosis, demencia, retraso mental ni enfermedad alguna que modifique su imputabilidad".
Con informes contrarios de una psicóloga y un educador de la cárcel
El recién propuesto como Jefe de Gabinete de María Teresa Fernández de la Vega, dato que recogen la agencia Europa Press y el diario ABC, reconoció tres días después de conocerse el asesinato que eran "días de dolor y reflexión" pero mantuvo que su decisión de progresar de grado a Valentín fue "meditada tras ocho meses de reflexión". Pero ese mismo día la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias responsabilizó al juez de lo ocurrido, ya que concedió el régimen de tercer grado, pese a contar con el informe en contra de un educador y de la psicóloga del centro que alegó "la reincidencia del penado en el tipo de delito, la inmadurez en su personalidad y el poco tiempo que llevaba de cumplimiento de la última condena".
Se refería la psicóloga a una condena del Supremo que tenía recurrida y que en abril de 1991 le imponía otros seis años de prisión por abusos sexuales y tentativa de violación. Valentín arrastraba desde 1987 tres condenas de cuatro meses, cuatro meses y cuatro años, respectivamente, por delitos de abusos deshonestos cometidos entre los años 1985 y 1986, según recoge el servicio de documentación de EFEDATA. Sanchez Yllera explicó que valoró ésta opinión, así como las favorables de las asistentas sociales y del criminólogo de la prisión. "También tuve en cuenta –añadió– que en ocho meses de libertad no se habían producido incidencia alguna y que los hechos eran anteriores a su disfrute de libertad".
Instituciones Penitenciarias negó el progreso de grado pero el juez lo revocó
Según detalló entonces Sánchez Illera, durante 1988 y 1989 el interno tuvo permisos de salida con el informe unánime a favor del equipo de tratamiento y de la junta de régimen del centro penitenciario. En 1990 pasó a tercer grado y salía a trabajar a diario, hasta que, ocho meses más tarde, extinguidas las tres cuartas partes de la condena, el equipo de tratamiento emitió un informe unánime a favor de que se le concediera la libertad condicional.
Este informe resaltaba, en palabras de Illera, su "buena trayectoria penitenciaria, actitud positiva, buena integración social, familiar y laboral y una respuesta adecuada al grado de confianza en él depositado durante el régimen abierto y su no participación en los valores marginales de la delincuencia", por lo que, "con el informe favorable del ministerio fiscal acordé concederle la libertad condicional". Al negarle la progresión de grado Instituciones Penitenciarias, en abril de 1991, Valentín Tejero recurrió ante el juez, quien le concedió la progresión de grado, en diciembre de ese año.
"Aprender para el futuro"
Tras la tragedia, el juez Sánchez Yllera dijo que no era momento de reafirmarse en posturas personales, sino de "aprender para el futuro y poner todos los medios posibles para que situaciones como éstas no se repitan", agregó, "dando al interno un tratamiento más individualizado, de su personalidad y de su caso particular". "Sin embargo -concluyó-, para eliminar al cero las posibilidades de que ocurran cosas así la única forma es no concediendo beneficios penitenciarios a ningún recluso, ya que se trata de seres humanos cuyos comportamientos son imprevisibles y que tienen capacidad de delinquir".