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Canovas dice que el informe del fiscal sobre el mercado negro del agua "es mentira"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, advirtió este lunes a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que la divulgación por ésta de las opiniones de un fiscal afectan a su honor "y, aunque no seamos políticos afines, también tenemos el honor que el Estado de Derecho nos confiere".

L D (EFE) Cánovas aseguró que él no ha tolerado el mercado negro del agua "en absoluto y nunca hemos entrado en connivencia con ningún administrado", por lo que consideró que todo lo que apunta el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, "es mentira", al tiempo que recordó que a día de hoy, a pesar de ser persona afectada, no se le ha notificado el informe del que la ministra habla.

En este sentido, pidió a Narbona que, "si existe y lo conoce, para que ejerzamos un mínimo derecho de defensa, que nos lo comunique, y me hubiera gustado hablar de ese informe con ella antes de que hablase en los medios". Reiteró que lo publicado sobre ese supuesto informe del fiscal de Madrid "es una mentira rotunda formulada por alguien que no ha podido explicar sus actuaciones. Esperamos que la judicialización de este asunto pueda desvelar las tramas en esta fábula".

Recalcó que no existe en la Confederación ninguna denuncia de compra-venta de agua, y quiso dejar claro que su próximo cese "no quisiera que pudiera aparecer como consecuencia de una duda que ni siquiera se ha formulado". Indicó que "hace varios días que he puesto mi cargo a disposición de la administración, solicitando la fecha de mi cese", y agregó que al estar fuera del gobierno el partido que le propuso para el cargo "como es lógico, por educación política, me aconseja hacerlo así".

En cuanto al anuncio de auditoria interna que hizo la ministra, Cánovas dijo que "lo recibimos con talante positivo que cualquier medida de control conlleva. He hecho un gran esfuerzo por la transparencia en este organismo y nada que vaya en ese sentido me va a entristecer", agregó. Subrayó la existencia de una auditoría anual del Estado en las confederaciones y puntualizó que, si lo que se pretende es abrir un debate más amplio sobre la actividad total del organismo, sería bueno que arrancara del 1 de enero del año 1986, fecha en la que entró en vigor la Ley de Aguas y se puso en marcha la actual estructura de las confederaciones.

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