(Libertad Digital) Según el auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe, la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, acusa al presidente del Santander, Emilio Botín, al ex copresidente, José María Amusátegui y al ex consejero delegado, Ángel Corcóstegui, de apropiación indebida o, en su caso, de administración desleal.
Teresa Palacios impone a los tres acusados una fianza conjunta de 164,2 millones de euros, que deberán prestar en el plazo de 24 horas y que equivale a las indemnizaciones y pensiones que percibieron Amusátegui y Corcóstegui cuando abandonaron el banco Santander.
La juez pide a Botín y Amusátegui que asuman conjuntamente una fianza de 56,095 millones de euros –equivalente a la indemnización cobrada por el ex presidente y a los emolumentos por pensiones del mismo–, en tanto que solicita a Botín y Corcóstegui la cantidad de 108,18 millones –la cantidad percibida por el ex consejero delegado–. Según el auto, estas cantidades servirían para resarcir al banco de Santander de los perjuicios sufridos si finalmente los tres acusados son encontrados culpables.
Teresa Palacios impone a los tres acusados una fianza conjunta de 164,2 millones de euros, que deberán prestar en el plazo de 24 horas y que equivale a las indemnizaciones y pensiones que percibieron Amusátegui y Corcóstegui cuando abandonaron el banco Santander.
La juez pide a Botín y Amusátegui que asuman conjuntamente una fianza de 56,095 millones de euros –equivalente a la indemnización cobrada por el ex presidente y a los emolumentos por pensiones del mismo–, en tanto que solicita a Botín y Corcóstegui la cantidad de 108,18 millones –la cantidad percibida por el ex consejero delegado–. Según el auto, estas cantidades servirían para resarcir al banco de Santander de los perjuicios sufridos si finalmente los tres acusados son encontrados culpables.
Según la agencia Efe, Botín, Amusátegui y Corcóstegui se enfrentan en este proceso a penas que pueden alcanzar los seis años de prisión, así como a multas y a la posibilidad de inhabilitación para administrar sociedades.
El Consejo de Administración del Santander insiste en la legalidad de los pagos y muestra su indignación
Tras conocer el auto, el Santander ha insistido en la legalidad de esos pagos y ha recordado que la apertura de juicio oral ha tenido lugar en contra de la decisión del Ministerio Fiscal, que mostró su oposición en tres ocasiones al no apreciar delitos en las indemnizaciones cobradas. La entidad defiende que que los contratos de los imputados se ajustaron estrictamente a la ley y a los estatutos del banco, y las retribuciones estuvieron en consonancia con lo abonado en otras entidades.
En un comunicado emitido este martes, el banco se ha remitido a la decisión acordada por el Consejo de Administración el pasado día 12 de marzo, cuando los consejeros mostraron unánimemente su "indignación" con la imputación de Emilio Botín por unas decisiones que fueron adoptadas por el propio Consejo de Administración, con el máximo respeto a la ley y en beneficio del Banco y de sus accionistas.
El origen del caso está en una querella de Pérez Escolar y Franco Otegui
El caso de las jubilaciones comenzó cuando se conoció que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, al abandonar la entidad a mediados del 2001 el primero y a principios de 2002, el segundo.
Los accionistas del banco Rafael Pérez Escolar y Francisco Franco Otegui presentaron una querella contra Corcóstegui, Amusátegui y Botín por considerar que recibieron las mencionadas indemnizaciones al dejar la entidad "para dejar el campo libre a Botín".