L D (EFE) El Ejecutivo ha adoptado esta decisión "por entender que dicha candidatura supone la continuación de la actividad ya declarada ilícita de Batasuna", según ha dicho María Teresa Fernández de la Vega.
Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron a EFE que si la Junta Electoral Central proclama el próximo martes esta candidatura, la Abogacía del Estado la impugnará al día siguiente ante el Tribunal Supremo; de igual forma procederá la Fiscalía General del Estado, añadió su titular, Cándido Conde-Pumpido.
Preguntada por las críticas del Gobierno Vasco a la adopción de esta medida contra Herritarren Zerrenda, la vicepresidenta manifestó que el Ejecutivo socialista "se ha limitado a cumplir la ley". El procedimiento seguirá las previsiones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y en el artículo 44.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cursará las instrucciones oportunas a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado para promover la anulación de la proclamación de las candidaturas que "pretendan continuar la actividad de las formaciones políticas ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna", según la referencia del Consejo.
Para ello, la Abogacía del Estado interpondrá todas las acciones necesarias y se personará, en nombre del Gobierno, ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También deberá personarse en nombre del Ejecutivo en cuantos recursos se susciten contra los acuerdos de las Juntas Electorales por los que se deniegue la proclamación de las candidaturas en la que concurran las circunstancias mencionadas; y ante los demás órganos jurisdiccionales que sean competentes.
Preguntada por las críticas del Gobierno Vasco a la adopción de esta medida contra Herritarren Zerrenda, la vicepresidenta manifestó que el Ejecutivo socialista "se ha limitado a cumplir la ley". El procedimiento seguirá las previsiones contenidas en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y en el artículo 44.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cursará las instrucciones oportunas a la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado para promover la anulación de la proclamación de las candidaturas que "pretendan continuar la actividad de las formaciones políticas ilegalizadas Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna", según la referencia del Consejo.
Para ello, la Abogacía del Estado interpondrá todas las acciones necesarias y se personará, en nombre del Gobierno, ante la Sala especial del Tribunal Supremo prevista por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También deberá personarse en nombre del Ejecutivo en cuantos recursos se susciten contra los acuerdos de las Juntas Electorales por los que se deniegue la proclamación de las candidaturas en la que concurran las circunstancias mencionadas; y ante los demás órganos jurisdiccionales que sean competentes.
Conde Pumpido: Entre Batasuna y HZ "sólo cambian las letras"
"He dado la orden a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que proceda inmediatamente a la impugnación de HZ", ha anunciado Conde Pumpido, quien ha apelado a la Ley de Partidos para explicar lo que considera "un fraude en materia electoral".
Cándido Conde Pumpido ha querido dejar claro que esta decisión de la Fiscalía es independiente "de las medidas que ha decidido adoptar el Gobierno a través de la Abogacía del Estado".
El lunes pasado, los representantes legales de HZ entregaron en la Junta Electoral Central 49.000 firmas con las que esta agrupación de electores avaló su presentación a los comicios del 13 de junio. La JEC no apreció irregularidades de tipo formal en la presentación de esta documentación.
En la reunión celebrada el miércoles por el Pacto Antiterrorista, el PP y el PSOE coincidieron en que la candidatura de HZ a las elecciones europeas era una "añagaza" y un intento de "camuflaje" de Batasuna "que no debe ser tolerado", en palabras del portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por ello, ese mismo día, el Ejecutivo informó a ambos partidos de que había dado instrucciones al Fiscal General y a la Abogacía del Estado para que estudiaran el asunto.