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Una juez cree que a veces las penas contra los maltratadores son "excesivas"

La juez Ana Carrascosa, magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid, considera que las penas que se aplican a los maltratadores de mujeres en el ámbito doméstico son excesivas, con frecuencia poco reflexionadas y que "a veces espolean" a los agresores al sentirse "provocados". Dijo que uno de los remedios contra esta "lacra social" consiste en "entender, entre comillas, a los maltratadores, no a justificarlos".

L D (EFE) Ana Carrascosa, invitada a exponer su opinión en una ponencia técnica convocada por las Cortes de Castilla y León, explicó a los periodistas que un remedio contra esta "lacra social" consiste en "entender, entre comillas, a los maltratadores, no a justificarlos", como garantía de una eficaz rehabilitación que también sugirió.
 
La magistrada señaló que "las soluciones, más que por las penas, ha comenzado a venir por el entendimiento de la situación de las víctimas, pero ahora también hay que intentar comprender, dicho sea entre comillas, a los maltratadores, no a justificarlos, pero partiendo de que tienen una personalidad que no es normal". La reinserción social de los agresores "pasa por la suspensión de las penas para someterles a un proceso de rehabilitación por el que hay que apostar muy seriamente", ya que de lo contrario, estas personas "saldrán de prisión" y volverán a reincidir.
 
En este punto, Ana Carrascosa lamentó que la recuperación de los violentos "está muy criticada, sobre todos desde sectores feministas para los que prácticamente no merecen nada y en ocasiones esos programas tienen graves dificultades de implantación por problemas presupuestarios". Demostró esta juez que las estadísticas de técnicas rehabilitadoras en vigor dentro de España, caso de un psicólogo en el País Vasco que las aplica desde hace una década, ponen de manifiesto su éxito en las tres cuartas partes del cincuenta por ciento de los afectados que aceptan someterse a esta terapia.
 
En cuanto a los castigos del Código Penal, criticó la desproporción existente entre los impuestos a la violencia doméstica con otros delitos "no menos graves", de forma que un empujón o amenaza verbal de un miembro de una familia otro de la misma en el seno del hogar se considera delito y se sanciona con más dureza –de tres meses a un año de cárcel– que si los protagonistas fuesen otras personas sin ese vínculo y al margen de ese escenario. Para la magistrada, se trata de "una penalidad excesiva que en el fondo refleja el intento de conferir al Derecho Penal una función simbólica o pedagógica, enseñar a la sociedad que no se debe maltratar porque se imponen grandes castigos".
 
En realidad, agregó Carrascosa con la experiencia de lecturas, estudios e investigaciones sobre este asunto, así como del testimonio escuchado a muchos agresores domésticos, "con estas penas tan poco reflexionadas los maltratadores se sienten casi provocados y a veces un poco espoleados, lamento decirlo así", ya que "prácticamente les sale lo mismo un empujón que una buena paliza o casi matar".

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