L D (EFE) Narbona se refirió así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la decisión de la comisión sobre el agua -que han constituido instituciones, regantes, usuarios y empresarios de las tres regiones- de pedir al Ministerio de Medio Ambiente esa concesión de agua, y por las promesas del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien aseguró además que a los regantes "les puede salir gratis el agua". "La respuesta es no", dijo la ministra, quien interpretó que se trata de "un gesto de cara a la galería" y lamentó la "pura demagogia" de quienes ahora ofrecen agua gratis y antes habían "ocultado" a los potenciales usuarios del agua que se iba a trasvasar desde el Ebro el precio que tendrían que pagar por ella.
Mientras, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha calificado de "fracaso político socialista" la derogación del trasvase del Ebro, y aseguró que esta decisión "agrede" no sólo a las autonomías afectadas directamente, sino a la totalidad del territorio español. Para Camps, "el Gobierno socialista, desde el primer minuto y con un juicio sumarísimo, que es algo completamente novedoso en la historia de la Democracia, se carga una ley que costó mucho trabajo durante muchos años a técnicos, políticos, representantes sociales, regantes y agricultores".
Asimismo, negó que las desalinizadoras puedan sustituir las aportaciones previstas en el trasvase del Ebro e insistió en que la solución a los problemas hídricos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería es el trasvase del Ebro, que además "ya está en marcha".
Recurso contra la derogación
Por otra parte, ratificó que el próximo lunes, después de que sea público el Decreto-Ley que deroga el trasvase del Ebro, el Gobierno valenciano interpondrá el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, al entender que "esta derogación atenta directamente contra el principio de solidaridad entre los territorios españoles".
Además, recordó la petición remitida al Ministerio de Medio Ambiente para que se le otorgue a la sociedad civil y a los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería la concesión para ejecutar las obras del trasvase del Ebro. "Si hubiese una contestación negativa -anunció-, recurriremos a la vía de lo contencioso-administrativo y pondremos en marcha todos los mecanismos jurídicos a nuestro alcance para defender el trasvase del Ebro".
Derogación contra viento y marea
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley por el que se modifica el Plan Hidrológico Nacional (PHN), y deroga los artículos que preveían transferencias de agua entre el Bajo Ebro y las cuencas hidrológicas de Cataluña, del Júcar, del Segura y del Sur. En ese real decreto, que será tramitado como proyecto de Ley, se incluye un plan de medidas alternativas que suponen más de un centenar de actuaciones, de las que unas 20 serán nuevas desalinizadoras y el resto están destinadas al ahorro, mejora de la gestión y reutilización de agua, señalaron la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en una rueda de prensa.
La alternativa del Gobierno proporcionará 1.063 hectómetros cúbicos anuales a Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, cuenta con unas 120 actuaciones urgentes, de las que unas 20 serán nuevas desalinizadoras, plantas con las que se pretende obtener 621 hectómetros cúbicos anuales. "La alternativa al trasvase del Ebro aprobada por el Gobierno aportará más agua, con unos resultados más baratos y de forma más respetuosa con el medio ambiente e integradora que el trasvase" declaraba Narbona.
El Plan del Gobierno prevé unas inversiones cercanas a los 4.000 millones de euros para acometer actuaciones urgentes en materia de desalinización, reutilización, potabilización, abastecimiento, embalses, balsas, restauración, y acondicionamiento de riesgos, canales y conducciones, así como otras de mejora de la calidad y prevención de inundaciones.