L D (EFE) "Dentro de las reformas que sufrirá en breve el sistema judicial está la depuración general de los cargos de juez en todo el país, lo que puede abarcar la sustitución del 90 por ciento de los actuales titulares", anunció a los periodistas el diputado Luis Velásquez.
Velásquez, que forma parte de la facción chavista, mayoritaria en el Parlamento, informó de que la Cámara designará este martes a los diputados que integrarán el llamado Comité de Postulaciones, que deberá comenzar su labor designando a doce jueces del Tribunal Supremo. El presidente del Legislativo, el también chavista Francisco Ameliach, confirmó el viernes que esos doce nuevos jueces del Supremo serán elegidos antes del 20 de agosto.
El pasado jueves la organización estadounidense defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó a la "escasa mayoría" parlamentaria oficialista de empeñarse en consolidar el control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Asimismo, recomendó a Chávez ordenar a los diputados que le apoyan que anulen la nueva ley judicial; sancionada en mayo, amplía de 20 a 32 el número de magistrados del Supremo y flexibiliza la mayoría parlamentaria requerida para nombrarlos.
Ameliach dijo que se buscará en tres sesiones el voto de las dos terceras partes de la Cámara para acordar el nombramiento de los jueces; de fracasar en ese empeño, se procederá a una cuarta votación, en la que se requerirá únicamente de mayoría simple.
HRW alertó de que Hugo Chávez podría, en caso de que pierda el referéndum revocatorio de su mandato –que tendrá lugar el próximo 15 de agosto–, cuestionar el resultado de la consulta popular ante el Supremo, cuya "ocupación política" –afirma la citada organización– "agravará el daño que ya (se ha) causado a la independencia judicial".
Según HRW, la referida ley "otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en el Supremo", y "también concede a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales designaciones de magistrados".
Velásquez, que forma parte de la facción chavista, mayoritaria en el Parlamento, informó de que la Cámara designará este martes a los diputados que integrarán el llamado Comité de Postulaciones, que deberá comenzar su labor designando a doce jueces del Tribunal Supremo. El presidente del Legislativo, el también chavista Francisco Ameliach, confirmó el viernes que esos doce nuevos jueces del Supremo serán elegidos antes del 20 de agosto.
El pasado jueves la organización estadounidense defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó a la "escasa mayoría" parlamentaria oficialista de empeñarse en consolidar el control del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. Asimismo, recomendó a Chávez ordenar a los diputados que le apoyan que anulen la nueva ley judicial; sancionada en mayo, amplía de 20 a 32 el número de magistrados del Supremo y flexibiliza la mayoría parlamentaria requerida para nombrarlos.
Ameliach dijo que se buscará en tres sesiones el voto de las dos terceras partes de la Cámara para acordar el nombramiento de los jueces; de fracasar en ese empeño, se procederá a una cuarta votación, en la que se requerirá únicamente de mayoría simple.
HRW alertó de que Hugo Chávez podría, en caso de que pierda el referéndum revocatorio de su mandato –que tendrá lugar el próximo 15 de agosto–, cuestionar el resultado de la consulta popular ante el Supremo, cuya "ocupación política" –afirma la citada organización– "agravará el daño que ya (se ha) causado a la independencia judicial".
Según HRW, la referida ley "otorga poderes a la coalición gobernante de Chávez para que utilice su escasa mayoría en la Asamblea Legislativa para obtener una mayoría abrumadora de magistraturas en el Supremo", y "también concede a la coalición gobernante la facultad de anular las actuales designaciones de magistrados".