LD (EFE) Según la sentencia, Benedicto Alfaro estafó al intermediario financiero Baltasar Egea más de 9 millones de euros al principio de la década de los 90, lo que condujo al "broker" al suicidio, tras matar a su mujer e hijo, en mayo de 1993.
La Audiencia Nacional también condenó a Benedicto Alfaro a indemnizar a 132 perjudicados por la estafa con el pago de en torno a 9 millones de euros, más los intereses, aunque le absolvió de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de apropiación indebida.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera probado que Benedicto Alfaro acudió, a comienzos de los años 90, al intermediario financiero Baltasar Egea para captar financiación para su grupo, que en aquella época atravesaba una situación económica "crítica". Según la sentencia, Alfaro consiguió que Egea le entregara entre los años 1990 y 1992 más de 1.500 millones de las antiguas pesetas (9 millones de euros) de pequeños inversores particulares, a cambio de unas letras que no pensaba satisfacer, debido a que el empresario era conocedor de que se trataba de "dinero negro" que no podría ser reclamado por los cauces legales.
El Tribunal considera que Benedicto Alfaro se aprovechó de su "credibilidad profesional" al aparentar ante Egea "que su grupo disfrutaba de una solvencia y liquidez de la que realmente carecía". Sin embargo, ante la persistencia de los problemas económicos del Grupo Alfaro, el empresario comenzó a "dilatar el cumplimiento de las obligaciones que asumió" y se negó a satisfacer los créditos a partir de 1992, continúa el escrito. La Sala apunta que Baltasar Egea, "ante una situación tan crítica, pues tenía que satisfacer lo debido a los inversionistas", decidió poner fin a su vida tras matar a su esposa e hijo, en mayo de 1993.
La Audiencia Nacional también condenó a Benedicto Alfaro a indemnizar a 132 perjudicados por la estafa con el pago de en torno a 9 millones de euros, más los intereses, aunque le absolvió de un delito continuado de falsedad de documento mercantil y de apropiación indebida.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera probado que Benedicto Alfaro acudió, a comienzos de los años 90, al intermediario financiero Baltasar Egea para captar financiación para su grupo, que en aquella época atravesaba una situación económica "crítica". Según la sentencia, Alfaro consiguió que Egea le entregara entre los años 1990 y 1992 más de 1.500 millones de las antiguas pesetas (9 millones de euros) de pequeños inversores particulares, a cambio de unas letras que no pensaba satisfacer, debido a que el empresario era conocedor de que se trataba de "dinero negro" que no podría ser reclamado por los cauces legales.
El Tribunal considera que Benedicto Alfaro se aprovechó de su "credibilidad profesional" al aparentar ante Egea "que su grupo disfrutaba de una solvencia y liquidez de la que realmente carecía". Sin embargo, ante la persistencia de los problemas económicos del Grupo Alfaro, el empresario comenzó a "dilatar el cumplimiento de las obligaciones que asumió" y se negó a satisfacer los créditos a partir de 1992, continúa el escrito. La Sala apunta que Baltasar Egea, "ante una situación tan crítica, pues tenía que satisfacer lo debido a los inversionistas", decidió poner fin a su vida tras matar a su esposa e hijo, en mayo de 1993.
La Audiencia absuelve a la hija del empresario, Carmen Alfaro
En la misma sentencia, la Audiencia Nacional absolvió a la hija del empresario Carmen Alfaro, que había sido acusada de dos delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, al no estar acreditado que la entonces vicepresidenta del grupo ayudara a su padre en la trama . La Audiencia Nacional también absolvió al intermediario financiero Juan Luis Aguirre Asensio, acusado de estafa, por considerar que el "broker" desconocía que el dinero que él mismo captaba entre pequeños inversores, y que iba a parar a manos de Alfaro, formaba parte del entramado ideado por el empresario.
Asimismo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia ordenó la deducción de la declaración realizada ante el Tribunal por Francisco Javier García-Manso, socio de Egea, por un delito de falso testimonio, así como las prestadas por otros 13 testigos.