L D (EFE) El Tribunal Supremo desestima así el recurso de casación interpuesto por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) contra otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ella, Gescartera y FOGASA fueron condenadas a pagar la indemnización.
Según la sentencia, de la Flor “fue obligado a desalojar su puesto de trabajo” y ha permanecido desde entonces “sin ocupación efectiva”, “sin percibir salario alguno” y sin recibir “un despido tácito". El Tribunal Supremo indica que el apoderado de Gescartera dejó de trabajar el 20 de julio, cuando fueron precintadas las instalaciones de la sociedad de valores e intentó acordar con Gescartera el fin de su contrato el 12 de noviembre de 2001.
Se da la circunstancia de que este apoderado fue uno de los testigos que compareció ante la juez Teresa Palacios en el caso Gescartera. También intervino en la Comisión de Investigación formada en el Congreso de los Diputados para analizar las operaciones de la sociedad.
Gescartera fue intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 14 de junio de 2001. La CNMV descubrió un “agujero” patrimonial de unos 80 millones de euros, lo que suponía la desaparición de los ahorros de más de 2000 clientes. La juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, se hizo cargo de la investigación judicial. El único de los imputados que está en prisión es el propietario de Gescartera, Antonio Camacho.