L D (EFE) Según AI, el régimen que detenta el poder en la ex colonia española autorizó una serie de arrestos en Bata, la principal ciudad de la costa, que afectaron a los familiares y allegados de aquellos que, supuestamente, habían participado en la incursión. También fueron objeto de persecución gentes relacionadas con el ilegalizado Partido de Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE).
La citada organización recuerda que el 30 de mayo la dictadura reconoció que en la noche del 29 se había dado muerte a cinco de los atacantes del cuartel de Corisco –supuestamente “ciudadanos guineanos residentes en Libreville” (Gabón)– y capturado a otros cinco.
AI pide que se acabe con estas ejecuciones extrajudiciales, así como con las violaciones y torturas que, al parecer, sufrieron los que fueron capturados. También exige que se deje de detener y acosar a familiares de presuntos implicados.
Después del ataque contra el cuartel de Corisco las autoridades de Gabón detuvieron a varios guineanos en Libreville –incluido al supuesto líder del ataque, Adolfo Obiang Bicó–, y entregaron a cinco al Gobierno del dictador Teodoro Obiang. Para AI, tal entrega fue ilegal y contraria a la ley internacional, dado que no existe convenio de extradición entre ambos países. Además, no se sabe nada de los detenidos, ni dónde se les custodia ni de qué se les acusa.
El pasado mes de marzo las autoridades guineanas acusaron al exiliado Severo Moto, el antiguo líder del PPGE, de haber tramado un golpe de Estado con un grupo de supuestos mercenarios, que fueron arrestados en la capital del país, Malabo. Varios miembros de esta formación se escondieron para evitar ser detenidos; en un intento por dar con ellos, el régimen de Obiang procedió a arrestar a sus familiares, según denuncia AI.
La citada organización recuerda que el 30 de mayo la dictadura reconoció que en la noche del 29 se había dado muerte a cinco de los atacantes del cuartel de Corisco –supuestamente “ciudadanos guineanos residentes en Libreville” (Gabón)– y capturado a otros cinco.
AI pide que se acabe con estas ejecuciones extrajudiciales, así como con las violaciones y torturas que, al parecer, sufrieron los que fueron capturados. También exige que se deje de detener y acosar a familiares de presuntos implicados.
Después del ataque contra el cuartel de Corisco las autoridades de Gabón detuvieron a varios guineanos en Libreville –incluido al supuesto líder del ataque, Adolfo Obiang Bicó–, y entregaron a cinco al Gobierno del dictador Teodoro Obiang. Para AI, tal entrega fue ilegal y contraria a la ley internacional, dado que no existe convenio de extradición entre ambos países. Además, no se sabe nada de los detenidos, ni dónde se les custodia ni de qué se les acusa.
El pasado mes de marzo las autoridades guineanas acusaron al exiliado Severo Moto, el antiguo líder del PPGE, de haber tramado un golpe de Estado con un grupo de supuestos mercenarios, que fueron arrestados en la capital del país, Malabo. Varios miembros de esta formación se escondieron para evitar ser detenidos; en un intento por dar con ellos, el régimen de Obiang procedió a arrestar a sus familiares, según denuncia AI.