(Libertad Digital) El pasado viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, José Antonio Alonso se negó a informar sobre la relación de ciertos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con algunos confidentes relacionados con el 11-M. Lo justificó acudiendo a la teoría de que como se trata de algo que está siendo objeto de investigación, se remite a las conclusiones que en su día establezcan tanto los jueces como la comisión parlamentaria de investigación.
Veinticuatro horas después, se filtraron desde el propio Ministerio del Interior sendos informes de la Policía y la Guardia Civil –remitidos por Carlos Gómez Arruche y Pedro Díaz Pintado, respectivamente– a la agencia EFE y a la Cadena SER. La interpretación de los dos medios es la misma: Los confidentes Rafá Zouhier y Emilio Suárez Trashorras no informaron a sus contactos policiales "de la venta de explosivos a los terroristas del 11-M y nunca se pudo comprobar que el ex minero Suárez Trashorras se dedicara a traficar con dinamita". Así lo asegura de forma textual la agencia EFE. Así titula la noticia el diario El País: "La policía no encontró pruebas de que Suárez Trashorras y Zouhier traficaran con explosivos".
Sin embargo, en el mismo teletipo de la agencia EFE se dice lo siguiente: "El informe de la Guardia Civil explica que Zouhier alertó a sus contactos de la Unidad Central Operativa (UCO) en enero de 2003 que tenía información sobre 'un individuo de Avilés, que buscaba compradores para explosivos y que decía que había sustraído cierta cantidad de algún depósito de explosivos, ya que al parecer trabajó como vigilante en este sector de la industria minera'.Rafá Zouhier contactó con la UCO –unidad mandada por el coronel Félix Hernando, ex colaborador de Rafael Vera– en otoño de 2001 desde la cárcel para ofrecer información "a cambio de poder mejorar su situación judicial-penitenciaria". En su informe, la Guardia Civil dice que trató de comprobar la información sobre los explosivos, identificó a los supuestos vendedores y, en colaboración con el confidente, desplegó "un vasto y extenso operativo policial", realizando seguimientos, vigilancias y reconocimientos según los datos que aportaba Zohuier. Pese al "vasto operativo", los agentes no obtuvieron "ningún dato o hecho objetivo" para corroborar la verosimilitud de sus manifestaciones.
En la misma fecha en la que la UCO trabajaba con su confidente marroquí –finales de 2001–, el jefe del Grupo de Estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, hace lo propio con el ex minero Suárez Trashorras. Después de varios chivatazos que permitieron realizar algunas operaciones relativas al tráfico de drogas, la relación policía-confite se enfría a finales del año 2002 después de que el Grupo de Estupefacientes de Oviedo informe a García Rodríguez de que Trashorras pudiera "andar traficando con dinamita", sospechas por las que se abrió una investigación en Oviedo.A la vista de los hechos surgen dudas sobre si fue en ese momento cuando el inspector jefe de Avilés se entera de los manejos de su "confite" con la dinamita. Conviene recordar que la relación de García Rodríguez con Trashorras se inicia en julio de 2001 después de la detención de éste y de su cuñado Antonio Toro en la famosa "Operación Pipol", en la que les intervinieron 16 cartuchos de Goma 2 y 94 detonadores. Luego la afición del minero a los explosivos ya era de sobra conocida por la policía de Avilés.
Además, el aviso al inspector García Rodríguez a finales de 2002 de que Trashorras puede "andar traficando con dinamita" coincide en fechas con la denuncia que en diciembre del mismo año hizo el abogado madrileño Carlos Alberto Tejeda ante el fiscal jefe de Asturias, Rafael Valero Oltra. Entonces, J. I. F. D., alias "Nayo", uno de los compinches habituales de Trashorras, desveló que el ex minero guardaba supuestamente 500 kilos de dinamita en un monte de Avilés. Se da la circunstancia de que "Nayo" había sido detenido en la "Operación Pipol", a partir de la cual Suárez Trashorras se convirtió en el contacto de García Rodríguez.
La Guardia Civil pidió a Antonio Toro datos del policía de Avilés
En cuanto a Antonio Toro –hermano de Carmen y, por tanto, cuñado de Emilio Suárez–, la Policía asegura que no consta que fuera confidente. Sin embargo, Europa Press aporta un dato inquietante que no aparece reflejado en la filtración a la agencia EFE. En una nota incluida en el informe de García Rodríguez con fecha de 7 de mayo, se recoge el encuentro que éste mantuvo el día anterior con Carmen María Toro Castro, en el que ésta le comunicó que agentes de la Guardia Civil habían pedido a su hermano "si podía averiguar el nombre y apellidos del policía de Avilés que hablaba con su cuñado, o bien el vehículo que usa habitualmente o su dirección".
El informe en el que se incluye la nota de Rodríguez tiene carácter reservado y está firmado por el anterior subdirector general Operativo, Pedro Díaz Pintado, que se lo remite a Camacho con fecha de 2 de junio. En su nota, el jefe de Estupefacientes de Avilés relata cómo Carmen Toro contacta con él el día 6 de mayo y le dice que su hermano quiere hablar "urgentemente" con él, citándose en un aparcamiento. El encuentro, duró un cuarto de hora y en él, Antonio Toro le traslada que, tras abandonar la cárcel, por decisión del juez Del Olmo, "la Guardia Civil no le deja en paz". Sin embargo, también le traslada que dos agentes del Instituto Armado, "al parecer venidos de Madrid", también quieren averiguar datos sobre su persona.
Asimismo, según relata Rodríguez, los guardias civiles pidieron a Antonio Toro que hiciera otras averiguaciones: "Qué hacían tres personas que Antonio apuntó en un papel y de los que en este momento el que suscribe sólo recuerda una de ellas, El Capataz", manifestándole Antonio Toro, que estas tres personas debían de tener relación con la mina donde había trabajado su cuñado.