L D (EFE) La nueva disposición legal, que modifica un artículo de la orden de 1945 sobre la situación de los extranjeros, permite su expulsión en caso de "actos de provocación explícita y deliberada a la discriminación, al odio o a la violencia contra una persona determinada o contra un grupo de personas", sobre todo las mujeres.
El texto, propuesto por dos diputados del partido gubernamental Unión por una Mayoría Popular (UMP), tuvo su origen en el caso de un imán de la localidad de Venissieux, en las afueras de Lyon, Abdelkader Bouziane, cuya orden de suspensión por vínculos con redes integristas fue anulada dos meses más tarde por un tribunal.
El ministro del Interior, Dominique de Villepin, que acudió al Senado a defender la proposición de ley, aseguró que hay "una verdadera continuidad del terrorismo desde los inspiradores hasta los que ponen las bombas". "Desde los atentados de Nueva York y de Madrid, estamos en un nuevo contexto. Sabemos que en los años próximos habrá que aprender a vivir con el riesgo terrorista", advirtió De Villepin.
En esa línea, argumentó que como ministro "frente al comportamiento de un individuo que lanza un llamamiento al odio, a la violencia o a la discriminación, no me corresponde sancionarlo, lo que es competencia de la justicia, sino aplicar los medios necesarios para alejarlo de su audiencia habitual, para protegerla de su influencia e impedir que las doctrinas intolerables y contrarias a nuestros valores se divulguen".
Los socialistas habían presentado una enmienda para tratar de que el dispositivo de expulsión incluyera igualmente a los extranjeros que hicieran declaraciones públicas homófobas, pero no fue adoptada al recibir sólo 112 votos a favor, frente a los 199 en contra. Los diputados socialistas y los comunistas finalmente rechazaron dar su apoyo al texto final, al que acusaron de estar elaborado pensando únicamente en el caso de Bouziane.
El texto, propuesto por dos diputados del partido gubernamental Unión por una Mayoría Popular (UMP), tuvo su origen en el caso de un imán de la localidad de Venissieux, en las afueras de Lyon, Abdelkader Bouziane, cuya orden de suspensión por vínculos con redes integristas fue anulada dos meses más tarde por un tribunal.
El ministro del Interior, Dominique de Villepin, que acudió al Senado a defender la proposición de ley, aseguró que hay "una verdadera continuidad del terrorismo desde los inspiradores hasta los que ponen las bombas". "Desde los atentados de Nueva York y de Madrid, estamos en un nuevo contexto. Sabemos que en los años próximos habrá que aprender a vivir con el riesgo terrorista", advirtió De Villepin.
En esa línea, argumentó que como ministro "frente al comportamiento de un individuo que lanza un llamamiento al odio, a la violencia o a la discriminación, no me corresponde sancionarlo, lo que es competencia de la justicia, sino aplicar los medios necesarios para alejarlo de su audiencia habitual, para protegerla de su influencia e impedir que las doctrinas intolerables y contrarias a nuestros valores se divulguen".
Los socialistas habían presentado una enmienda para tratar de que el dispositivo de expulsión incluyera igualmente a los extranjeros que hicieran declaraciones públicas homófobas, pero no fue adoptada al recibir sólo 112 votos a favor, frente a los 199 en contra. Los diputados socialistas y los comunistas finalmente rechazaron dar su apoyo al texto final, al que acusaron de estar elaborado pensando únicamente en el caso de Bouziane.