L D (EFE) En la misma resolución acuerda remitir la declaración de Zohuier al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que investiga los atentados terroristas cometidos el pasado 11 de marzo en Madrid.
La jueza María Verónica Caravantes recuerda que las diligencias previas se abrieron a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, de acuerdo con los hechos que habían sido puestos en su conocimiento. Añade que la declaración de Zohuier "es suficiente para considerar que la denuncia carece de bases objetivas que puedan sustentar la imputación penal de persona alguna".
Así, "en la farragosa declaración prestada por Rafá Zohuier, las manifestaciones vertidas son suficientemente claras para mantener sin duda alguna que ninguno de los agentes de la Guardia Civil que lo visitaron en el centro penitenciario Madrid III realizó comportamiento alguno susceptible de encajar en el tipo penal de amenazas". Ello "porque en ningún momento los agentes vertieron expresiones o realizaron comportamientos que pudieran llevar a Rafá Zohuier a pensar que su vida o su integridad física o psíquica se encontraran en peligro".
Explica que "cuando se preguntó a Rafá Zohuier expresamente por las amenazas recibidas que él había trasladado al Ministerio del Interior o al la prensa, contestó que los agentes los habían tratado bien para que no dijera nada al juez". El auto relata al respecto que "ello es una impresión que el denunciante pudo tener pero no un hecho constatable, puesto que se refiere sin datos objetivos que lo corroboren a la intencionalidad de otras personas".
La jueza destaca que "al insistir en las preguntas sobre las amenazas que mantenía haber recibido para que fueran concretadas siquiera mínimamente manifestó que no le amenazaron directamente, que los agentes solamente le dijeron que no dijera nada porque si no se iba a comer los 200 muertos". Para la jueza "eso no puede entenderse como una amenaza ni directa ni indirecta, ni incluso utilizando el concepto amplio de la expresión porque en atención a lo dispuesto en el artículo 169 del Código Penal, se debe amenazar con un mal que pueda constituir delito, tal y como parecía apuntar inicialmente la denuncia interpuesta".
De la declaración de Zohuier "se desprende que los agentes de la Guardia Civil lo visitaron en prisión como parte de la investigación policial de los sucesos ocurridos el 11 de marzo, debe entenderse que en el seno de lo actuado en el procedimiento judicial que por esa causa se sigue". El denunciante, según sus propias palabras, se sintió "abandonado y tirado", debe entenderse, dice la jueza, por los mismos agentes de la Guardia Civil, pero aclara que eso es "una apreciación de Zohuier, sobre la que no puede construirse un procedimiento penal". La jueza comenta que "el único dato que podría apuntar la existencia de un delito de amenazas sería la conversación telefónica entre Zohuier y un tal "Mario" a quien llamaba semanalmente desde el centro penitenciario.
Al respecto, señala que "Zohuier parece sostener que las amenazas se las profirieron agentes de la Guardia Civil porque Mario, que según manifiesta Zohuier era o fue un confidente de este Cuerpo, le dijo que su cabeza valía mucho". En todo caso, "ello es una interpretación peculiar que realiza Zohuier puesto que Mario no era agente de la Guardia Civil y por lo tanto no podía hablar en condición de tal". Además, "el hecho de que pudiera haberle dicho que 'su cabeza valía mucho' tampoco implica la presencia de amenaza por su parte, menos aún cuando el tal Mario le indica también que quiere ir a verle y que si no pudiera hacerlo enviaría a alguien de su confianza para hablar con él, cosa que Zohuier por sí mismo y haciendo su propia composición e interpretación entendió como una amenaza, sin datos que puedan sustentar tal apreciación". Por otra parte, "tal aspecto no le impidió seguir llamando por teléfono al tal Mario, incluso después de la conversación citada, por lo que es dudoso que Zohuier pudiera considerarse en peligro por lo que Mario pudo haberle dicho".
Para la jueza la consecuencia es que "Zohuier ha querido dejar claro, por los motivos que sean, que él no es un chivato, utilizando para ello una serie de cartas, de las que podría extraerse inicialmente que estaba siendo amenazado, pero que al abundar en los detalles y aspectos principales de los hechos únicamente con su declaración judicial puede comprobarse que son un intento de desahogo y de justificación de su situación personal". Sin embargo, "carecen de entidad suficiente como para continuar con un procedimiento penal que en todo caso está reservado para la investigación de delitos y faltas".