L D (EFE) Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el proceso hacia el referendo revocatorio entró en su "recta final", con la aprobación del pasado viernes del registro electoral; en total, más de 14 millones de venezolanos han sido convocados a las urnas. Según la policía política (DISIP), unos "cuatro mil" paramilitares colombianos podrían intentar, antes del 15 de agosto, "cumplir su misión de derrocar y asesinar" a Chávez.
Según el Gobierno, el centenar de supuestos paras detenidos por la Policía el pasado 9 de mayo forman parte de un contingente de 4.000 contratados por sectores radicales de la oposición para desestabilizar el país. El jefe de la DISIP, Miguel Rodríguez, afirmó que los supuestos irregulares fugados "deben estar en proceso organizativo para tratar de cumplir con su misión, porque ya cobraron un dinero" por ello.
Rodríguez dijo que su tesis está respaldada por las confesiones de varios de los colombianos detenidos y procesados por la Justicia castrense, que han involucrado a militares y civiles venezolanos ya presos o que serán procesados próximamente. Asimismo, afirmó que los cuerpos de seguridad "están desplegados, y para los días previos al referendo tendrán (en ejecución) todos los planes para contrarrestar" cualquier supuesto intento de golpe o magnicidio.
Las autoridades también han lazado el rumor de que la oposición podría estar tramando una acción terrorista a gran escala para fomentar el abstencionismo en el revocatorio y revertir la tendencia de voto, que, según aquéllas, garantiza al ex giolpista una victoria "contundente".
La oposición denuncia las "patrañas" del Gobierno
El Gobierno dice estar investigando las recientes sustracciones de armas y explosivos en varias dependencias militares, así como el hallazgo de 2,5 toneladas de un potente explosivo en la población de Cagua, 80 kilómetros al oeste de Caracas. Según el ministro de Defensa, Jorge García, por el momento hay al menos "un detenido", y "un número considerable de personas están aportando informaciones clave para el esclarecimiento" de estos casos.
Por su parte, la oposición asegura que tanto el asunto de los presuntos paras colombianos como el del robo de armas y explosivos son "una patraña del Gobierno para enredar" el referendo.
El diputado opositor Felipe Mújica (socialista) dijo que las denuncias oficialistas "forman parte de un guión que el Gobierno ha ejercitado cada vez que se acerca un proceso electoral para provocar a la oposición democrática". Asimismo, sostuvo que "el Gobierno ha sido el único promotor y responsable" de la violencia política, que en los últimos dos años ha dejado al menos un centenar de muertos en medio de manifestaciones, huelgas y el golpe de Estado que en abril de 2002 derrocó a Chávez durante 48 horas.