L D (Agencias) De acuerdo con la información suministrada por la agencia de noticias Europa Press, el ministerio de Industria tuvo que admitir que no ha realizado una evaluación del impacto que tendrá la decisión de mudar a Barcelona la sede de la Comisión. Según Jiménez, esto es la muestra de que se trata de una medida “irresponsable” y de carácter estrictamente político. De momento, los empleados del organismo continuarán con las reuniones con los ministerios en septiembre, más concretamente con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, para abordar en profundidad este asunto.
Los trabajadores del organismo regulador han expresado su desacuerdo con la decisión del Gobierno de llevar la sede del organismo a Barcelona, al considerar que el traslado, "una medida que sólo puede ser justificada en clave política", abrirá un período de crisis en la institución, pues empeorará el rendimiento de los trabajadores y supondrá "abandonos forzosos".
Así, tienen la intención de adoptar todas las medidas que considere necesarias para la defensa de sus intereses ante esta "injerencia" en la base de la actuación del organismo, "impugnándola si fuera necesario a través de las instancias judiciales pertinentes".