L D (EFE) La dilación en el procesamiento de Ayensa, solicitado por el fiscal a mediados de 2002, es uno de los motivos por los que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el pasado día 8 abrir expediente a Ruiz Polanco, que este lunes fue suspendido cautelarmente de sus funciones.
Ayensa fue detenido el 21 de febrero de ese año, pero el Juzgado, debido supuestamente a la equivocación de un funcionario, comenzó a computar el plazo de prisión preventiva a partir de la fecha de su encarcelamiento, que tuvo lugar cuatro días después, el 25 de febrero de 2002.
En el auto notificado ahora, en el que también han sido procesados los etarras Miguel Javier Ayensa, Francisco Ruiz Romero, Arturo Fernández Garcés y Alberto Viedma Morillas, se relata que, el 16 de febrero de 2002, la Guardia Civil observó en Pamplona cómo varios jóvenes merodeaban en un vehículo por las inmediaciones de la prisión y del Palacio de Justicia de la ciudad. Al observar la presencia policial, los jóvenes -que resultaron ser los hermanos Ibai y Miguel Javier Ayensa y su amigo Francisco Ruiz- se alejaron del lugar en el automóvil, propiedad de la madre de los primeros, pero la Guardia Civil averiguó sus domicilios y practicó registros en los que intervino un subfusil, una pistola y una escopeta de cañones recortados.
"De la instrucción en curso, se ha llegado a la conclusión de que los hermanos Ayensa y Ruiz Romero forman parte de la organización terrorista ETA, como miembros de un grupo armado llamado Ekaitza , activo desde 1997, en el que también está integrado Viedma", señala en su auto Ruiz Polanco. El juez atribuye al comando, entre otros atentados, el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero, por el que ya han sido juzgados y condenados Miguel Javier Ayensa, Ruiz y Viedma. Según el auto, fue Ruiz Romero quien captó a sus compañeros para que se integraran en ETA, mientras que Fernández Garcés les facilitó un juego de llaves de su vivienda para que pudieran hacer uso de ella.
De los cinco procesados, sólo Viedma permanece en prisión incondicional por esta causa, mientras que Ruiz y Miguel Javier Ayensa están el libertad en relación con el "grupo Ekaitza", pero cumplen la condena de 30 años que se les impuso por el asesinato de Caballero. Respecto a Ibai Ayensa y Arturo Fernández, quedaron en libertad bajo fianza al cumplir los dos años de prisión preventiva, pero el fiscal ha recurrido esta decisión.
Por otra parte, Ruiz Polanco, en una resolución con fecha del 15 de marzo de 2004, ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra la puesta en libertad del miembro del "grupo Urbasa" de ETA Mikel Soto Nolasco, que salió de prisión el pasado 23 de febrero tras abonar la fianza de 12.000 euros que le impuso el juez. El fiscal recordaba en su recurso que Soto fue implicado por su novia, Ainhara Gorostiaga, en el asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica, que investiga el juez Baltasar Garzón, quien tras interrogarle en relación con estos hechos le ha dejado en libertad al estimar que no hay suficientes indicios de su participación en los mismos. Ahora, Ruiz Polanco dice que "si bien los indicios de criminalidad constantes en autos sirvieron para acordar en su día la privación preventiva de libertad del mencionado (Soto) y para su ulterior procesamiento, no sirven ahora para mantener la primera". El magistrado añade que eso es tanto más cierto "cuanto pueda ponerse en entredicho -con independencia de la convicción intelectual del instructor- la declaración inculpatoria y autoinculpatoria de Gorostiaga".
Ayensa fue detenido el 21 de febrero de ese año, pero el Juzgado, debido supuestamente a la equivocación de un funcionario, comenzó a computar el plazo de prisión preventiva a partir de la fecha de su encarcelamiento, que tuvo lugar cuatro días después, el 25 de febrero de 2002.
En el auto notificado ahora, en el que también han sido procesados los etarras Miguel Javier Ayensa, Francisco Ruiz Romero, Arturo Fernández Garcés y Alberto Viedma Morillas, se relata que, el 16 de febrero de 2002, la Guardia Civil observó en Pamplona cómo varios jóvenes merodeaban en un vehículo por las inmediaciones de la prisión y del Palacio de Justicia de la ciudad. Al observar la presencia policial, los jóvenes -que resultaron ser los hermanos Ibai y Miguel Javier Ayensa y su amigo Francisco Ruiz- se alejaron del lugar en el automóvil, propiedad de la madre de los primeros, pero la Guardia Civil averiguó sus domicilios y practicó registros en los que intervino un subfusil, una pistola y una escopeta de cañones recortados.
"De la instrucción en curso, se ha llegado a la conclusión de que los hermanos Ayensa y Ruiz Romero forman parte de la organización terrorista ETA, como miembros de un grupo armado llamado Ekaitza , activo desde 1997, en el que también está integrado Viedma", señala en su auto Ruiz Polanco. El juez atribuye al comando, entre otros atentados, el asesinato del concejal de UPN Tomás Caballero, por el que ya han sido juzgados y condenados Miguel Javier Ayensa, Ruiz y Viedma. Según el auto, fue Ruiz Romero quien captó a sus compañeros para que se integraran en ETA, mientras que Fernández Garcés les facilitó un juego de llaves de su vivienda para que pudieran hacer uso de ella.
De los cinco procesados, sólo Viedma permanece en prisión incondicional por esta causa, mientras que Ruiz y Miguel Javier Ayensa están el libertad en relación con el "grupo Ekaitza", pero cumplen la condena de 30 años que se les impuso por el asesinato de Caballero. Respecto a Ibai Ayensa y Arturo Fernández, quedaron en libertad bajo fianza al cumplir los dos años de prisión preventiva, pero el fiscal ha recurrido esta decisión.
Por otra parte, Ruiz Polanco, en una resolución con fecha del 15 de marzo de 2004, ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra la puesta en libertad del miembro del "grupo Urbasa" de ETA Mikel Soto Nolasco, que salió de prisión el pasado 23 de febrero tras abonar la fianza de 12.000 euros que le impuso el juez. El fiscal recordaba en su recurso que Soto fue implicado por su novia, Ainhara Gorostiaga, en el asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica, que investiga el juez Baltasar Garzón, quien tras interrogarle en relación con estos hechos le ha dejado en libertad al estimar que no hay suficientes indicios de su participación en los mismos. Ahora, Ruiz Polanco dice que "si bien los indicios de criminalidad constantes en autos sirvieron para acordar en su día la privación preventiva de libertad del mencionado (Soto) y para su ulterior procesamiento, no sirven ahora para mantener la primera". El magistrado añade que eso es tanto más cierto "cuanto pueda ponerse en entredicho -con independencia de la convicción intelectual del instructor- la declaración inculpatoria y autoinculpatoria de Gorostiaga".