(Libertad Digital) El domingo 15 de agosto, fin de semana anterior al anuncio sobre la política penitenciaria, el diario de Polanco titulaba: “El Gobierno quiere reunir a todos los presidentes autonómicos”. Se trataba de la reforma de los estatutos y, quizá, de un paso previo a lo que ahora se anuncia sobre el Senado. Era uno de los primeros anuncios del Ejecutivo a través del periódico.
El sábado 21 de agosto, Mercedes Gallizo, responsable de Instituciones Penitenciarias, desglosó en el diario de Polanco su intención de reducir “obstáculos no razonables” para que los presos accedan al tercer grado, el régimen de semilibertad. La medida anunciada era lo suficientemente grave como para provocar una reacción global de las fuerzas políticas y que las agencias rebotaran la información y solicitaran nuevas entrevistas. En la información de El País, la medida venía anunciada como “Prisiones quiere eliminar las trabas burocráticas innecesarias a los terceros grados”.
El domingo 22 de agosto, otra portada con titular de anuncio en exclusiva: “El Gobierno quiere regularizar a todos los inmigrantes que acrediten un empleo”. Se trataba de la ya conocida iniciativa para que los inmigrantes ilegales que entraron en España con el gobierno del PP, tengan papeles si acreditan un empleo. Días después, las colas de inmigrantes en las oficinas de extranjería vaticinan lo que está por llegar.
El lunes 23 de agosto, venía en portada la segunda parte del papeles para todos haciendo referencia a que serán los empresarios los que decidan qué inmigrantes serán regularizados. Queda claro, de nuevo, en el texto de portada: “Consuelo Rumí quiere que sean los empleadores quienes decidan...”.
El martes, 24 de agosto, Jordi Sevilla lanza su anuncio desde las páginas de El País: “Las autonomías tendrán derecho de veto en el Senado”. Esta vez, la voluntad de ZP era subtítulo de portada: “El Gobierno quiere que se puedan bloquear leyes en defensa de hechos diferenciales”.