(Libertad Digital) En noviembre de 2002, el Consejo de Ministros (del Partido Popular) dio luz verde a la absorción de Vía Digital por Sogecable, tras imponerle 34 condiciones para que no entorpeciese la competencia. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, defendía entonces que esas condiciones eran más que suficientes, sin embargo, ahora, ese mismo organismo ha cambiado de opinión.
Un informe emitido por la Subdirección General Sobre Conductas Restrictivas de la Competencia el pasado 16 de julio y publicado (en parte) por el diario económico La Gaceta de los Negocios, afirma ahora que cada uno de los contratos entre Sogecable y seis estudios americanos, tanto por su alcance como por su duración, “suponen una restricción de la competencia” ya que “obstaculizan e impiden el acceso de otros operadores de televisión de pago a unos mismos contenidos que se consideran esenciales para la prestación de ese servicio en España”.
Este informe es consecuencia de una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2002 ante el Servicio de Defensa de la Competencia por la cableoperadora ONO, en la que se afirmaba que Twentieth Centiry Fox, Buena Vista Internacional, Universal Studios, Paramount Pictures, Columbia Tristar Film y Warner Bros y Sogecable vulneraban la competencia.
Según este diario, tanto ONO como Sogecable y los seis grandes estudios norteamericanos denunciados, disponen de quince días hábiles para alegar lo que estimen oportuno. El plazo comenzó a correr desde que recibieron la notificación por lo que en estos días se acaba. Una vez se cierre la fase de tramitación del expediente , el caso irá a manos del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) que, en su día, también dio el visto bueno a la operación de absorción con las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros.
Si el Tribunal, del que han cambiado cuatro de sus miembros, considerara que los hechos descritos por el Servicio de Defensa de la Competencia constituyen, efectivamente, conductas prohibidas, éstas podrían ser objeto de sanciones que pueden alcanzar un montante de hasta el 10 por ciento de los ingresos de Sogecable. En 2003 facturó 1.169 millones.
Paradójicamente, en el proceso que se sigue en el Tribunal Supremo, donde numerosas compañías recurrieron el acuerdo del Consejo de Ministros, los representantes del Estado mantienen su postura inicial y defienden la bondad de las conclusiones impuestas en su momento a la absorción de Vía Digital.