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POR CUATRO FALTAS MUY GRAVES

Ruiz Polanco culpa a sus funcionarios de los retrasos que le pueden costar una suspensión

El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, que se enfrenta a una posible sanción de siete meses de suspensión por parte del CGPJ por retrasos injustificados en la tramitación de causas, atribuye estas dilaciones a los funcionarios de su Juzgado. Entre las irregularidades, la excarcelación de un etarra al que había vencido el plazo de prisión preventiva.

L D (EFE) En el escrito de alegaciones al informe del instructor del expediente que le fue abierto y que previsiblemente estudiará este jueves la Comisión Disciplinaria del Consejo, el magistrado recuerda que las normas que rigen el funcionamiento de la Administración de Justicia "confieren unas tareas que empiezan y terminan en los funcionarios y que son de su exclusiva responsabilidad".

Ruiz Polanco se cuestiona por qué no ha sido preguntado por la "laboriosidad" de los funcionarios "habiendo podido ser muy ilustrativas mis respuestas en algún caso". Añade afirma que el instructor no ha tenido en cuenta a la hora de proponer la sanción para él que muchos de quienes trabajaban en su Juzgado son interinos "sin ninguna cualificación".

Comparaciones con el juzgado de Garzón

También se queja de la falta de medios materiales que ha sufrido "frente a las facilidades dadas a los demás Juzgados de la Audiencia Nacional -singularmente el número 5-", cuyo titular es Baltasar Garzón, y pone como ejemplo que le fue denegado "con futiles pretextos" un ordenador portátil para trabajar en casa.

El magistrado reconoce que en algunos casos su trabajo puede "calificarse de excesivamente minucioso, lo que puede determinar alguna lentitud", pero matiza que los retrasos no exceden "de la normalidad". De todas formas, añade, "no me siento culpable de desatención alguna, como no sea que pueda llamarse desatención el obviar la necesidad de supervisión constante de la actividad de todos los funcionarios". Tras ello señaló que "en modo alguno trato de echar la culpa genéricamente a los funcionarios".

Ruiz Polanco, que afirma verse "ya condenado" por los medios de comunicación, solicita que el CGPJ archive y sobresea el expediente disciplinario, mientras que el instructor del mismo, así como el fiscal, consideran que debe ser sancionado con siete meses y con más de seis y menos de ocho meses de suspensión, respectivamente.

El primero, el magistrado de la sala de lo militar del Tribunal Supremo Angel Juanes, estima que Ruiz Polanco es autor de una falta muy grave de "desatención en la tramitación o resolución de procesos y causas" judiciales y propone una sanción que, al ser superior a seis meses, conlleva la pérdida de destino. En la propuesta de resolución remitida a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, el instructor afirma que en el caso de varios presuntos miembros etarras Ruiz Polanco "procedió a una excarcelación, a todas luces indebida, de varios presos preventivos".

Así, Juanes relata que Ibai y Miguel Javier Ayensa, Francisco Ruiz y Arturo Fernández debían haber comparecido en el Juzgado el 19 de febrero de este año para que se decidiera sobre la prórroga de su prisión preventiva, pero que la diligencia se suspendió hasta el 23 de ese mes porque el juez viajó a la toma de posesión de un magistrado en Pamplona "sin autorización oficial".

El retraso de cuatro días motivó que, en aplicación del texto reformado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que obliga a computar la prisión preventiva desde la fecha de la detención y no desde la de ingreso en prisión, se decretara la puesta en libertad de los cuatro imputados.

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