(Libertad Digital) Aunque en la referencia facilitada por el Consejo de Ministros no se menciona este asunto, el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de gases con efecto invernadero indica, según informa la agencia Efe, que el Gobierno estudiará distintas medidas para "la reducción de la velocidad" del transporte.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo que, con la "aquiescencia" del Ministerio del Interior, "se estudiarán distintas medidas para la reducción de la velocidad del transporte, cuyo impacto positivo no sólo afectará a la emisión de gases de efecto invernadero, sino que se hará sentir también en la disminución de la accidentabilidad y en el incremento de la seguridad".
Después de que el ministerio del Interior se haya manifestado contrario a reducir la velocidad máxima permitida, no se entiende bien en qué consistirá esta medida. En lo que respecta al anunciado peaje de entrada en las grandes ciudades, la ministra dijo que era sólo una "línea de trabajo" y que "se había sacado de contexto".
La aplicación del Plan costará 255 millones de euros a las empresas
La aplicación del Plan costará 255 millones de euros a las empresas
La aplicación del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007, aprobado por el Consejo de Ministros para cumplir el Protocolo de Kioto, supondrá un coste máximo de 85 millones de euros anuales para los sectores incluidos en la Directiva europea. Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insiste en que el plan es "completamente asumible" y no supondrá "ningún tipo de problema en términos de creación de empleo o actividad económica".
Este plan, junto con el Real Decreto Ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, aprobado la semana pasada, tiene por objetivo contribuir a la reducción de emisiones de gases que causan el "cambio climático", cumpliendo con el compromiso asumido por España con el Protocolo de Kioto.
Los objetivos fijados para España en Kioto (primer país que firmó el Protocolo) suponen que tan sólo podrá aumentar sus emisiones de CO2 un 15 por ciento hasta 2012 (con respecto a las que se realizaban en 1990), de manera que si se sobrepasan (como ocurre en la actualidad en más de un 40 por ciento) España deberá comprar derechos de emisión a los países que estén en límites más bajos.
Según la Directiva europea, los sectores que tendrán que pagar por emitir dióxido de carbono serán los de electricidad, refino, producción y transformación de metales férreos, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel, papel y cartón.
El Gobierno pospone el auténtico esfuerzo para 2008
El Gobierno ha establecido como objetivo que las emisiones en España en el periodo 2005-2007 se estabilicen en la media de las emisiones en los últimos tres años y ha pospuesto el esfuerzo adicional para el periodo 2008-2012, para cuando las emisiones no deberán sobrepasar en más de un 24 por ciento las emisiones del año 1990 (de continuar con el ritmo actual España superaría estas emisiones en un 66 por ciento).