L D (EFE) En la entrevista del entonces número dos de la Generalidad con dos dirigentes de ETA pactaron una tregua terrorista sólo para Cataluña en la misma línea de la que Carod Rovira ya había pedido a la banda tras el atentado contra la casa cuartel de Vic, en 1991. Entonces le pidió a ETA que mirara el mapa de España antes de cometer un nuevo atentado. La reunión en Perpiñan provocó una crisis en el recién estrenado gobierno de Maragall con los independentistas y suposo la dimisión del líder de ERC.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha expresado su "más absoluto desacuerdo". A su juicio, Carod Rovira "incurrió en una conducta susceptible de represión penal" y sostiene que en la reunión con ETA, que califica de un hecho de enorme gravedad, el líder de ERC supuso "un reconocimiento implícito de la voluntad de negociación con una banda terrorista". Concluye que actitudes así "únicamente sirven para dar oxigeno a la banda terrorista ETA, lo cual resulta de todo punto reprobable para cualquier persona que tenga una mínima conciencia democrática.
El Supremo se pliega a la Fiscalía
El pasado 31 de marzo, el Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que no admitiera a trámite las querellas presentadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y dos sindicatos de funcionarios contra el líder de ERC por su entrevista en Francia con miembros de ETA el pasado enero.
En un escrito remitido a la Sala Segunda del TS, el fiscal afirmaba que "los relatos de hechos que se efectúan en las querellas, no contienen los datos necesarios para permitir valorar la existencia de indicios lo suficientemente sólidos para subsumir la conducta del querellado" en los delitos de encubrimiento o colaboración con banda armada.
En un escrito remitido a la Sala Segunda del TS, el fiscal afirmaba que "los relatos de hechos que se efectúan en las querellas, no contienen los datos necesarios para permitir valorar la existencia de indicios lo suficientemente sólidos para subsumir la conducta del querellado" en los delitos de encubrimiento o colaboración con banda armada.
Así, y respecto del delito de encubrimiento, sostenía que en las querellas "no se describe ningún acto de ayuda a personas para eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes". Añadía también que "en cuanto al de colaboración con banda armada, los datos que se ofrecen en las querellas no son susceptibles de incardinarse en este momento en el tipo penal que se pretende".
Tres querellas unificadas
Las querellas contra Carod Rovira fueron presentadas en el Tribunal Supremo además de por la AVT, que la amplió también al jurista y miembro del Consejo Constitucional de la Generalidad, Jaume Renyer, quien acompañó a Carod en la entrevista, por el Sindicato Colectivo de Funcionarios "Manos Limpias" y Sindicato España 2000.