L D (EFE) El diario "El Mundo" informa de que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, está coordinando un "plan integral" con el objetivo de que España alcance "un estatuto de aconfesionalidad del Estado, de conformar un verdadero estado laico, donde se acaben las innegables ventajas y privilegios de los que, según el ejecutivo socialista, goza la Iglesia católica".
Fuentes de la Conferencia Episcopal reconocieron "que por ahí pueden ir los tiros en algunos aspectos concretos", si bien declinaron valorar la información porque "el portavoz tuvo ayer una larga rueda de prensa, donde se contestaron todas las preguntas". Las mismas fuentes recordaron que Martínez Camino expresó este jueves la postura de la Conferencia Episcopal de no contestar permanentemente a los rumores o "anuncio de intenciones", que se pronunciará como lo ha venido haciendo cuando lo considere necesario y que, en cualquier caso, todos estos posibles cambios deberán negociarse dentro de los Acuerdos Iglesia-Estado en vigor desde 1979.
En su información, El Mundo apunta como una primera medida dentro de lo que denomina "una hoja de ruta contra los privilegios de la Iglesia", a que el próximo año no se prorrogarán automáticamente los acuerdos Iglesia-Estado, como venía siendo habitual, porque el Gobierno "quiere adecuarlos a una óptica constitucional".
Fuentes de la Conferencia Episcopal reconocieron "que por ahí pueden ir los tiros en algunos aspectos concretos", si bien declinaron valorar la información porque "el portavoz tuvo ayer una larga rueda de prensa, donde se contestaron todas las preguntas". Las mismas fuentes recordaron que Martínez Camino expresó este jueves la postura de la Conferencia Episcopal de no contestar permanentemente a los rumores o "anuncio de intenciones", que se pronunciará como lo ha venido haciendo cuando lo considere necesario y que, en cualquier caso, todos estos posibles cambios deberán negociarse dentro de los Acuerdos Iglesia-Estado en vigor desde 1979.
En su información, El Mundo apunta como una primera medida dentro de lo que denomina "una hoja de ruta contra los privilegios de la Iglesia", a que el próximo año no se prorrogarán automáticamente los acuerdos Iglesia-Estado, como venía siendo habitual, porque el Gobierno "quiere adecuarlos a una óptica constitucional".
Estatuto de Laicismo
Según el periódico, el rector de la Carlos III, Gregorio Peces-Barba y el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, promueven la aprobación de un Estatuto de Laicismo que incluirá la supresión de crucifijos en los lugares públicos. De momento, y tras las iniciativas legislativas adoptadas o anunciadas por el Gobierno, Iglesia y Ejecutivo sólo están de acuerdo en que no es necesario modificar los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Todas las demás cuestiones están abiertas y a la espera de próximas reuniones porque el Gobierno, según fuentes del ministerio de Justicia y de la propia Conferencia Episcopal, quiere hacer "diversos ajustes y retoques" en la forma de aplicar y desarrollar los Acuerdos, y potenciar el pluralismo religioso, aunque siempre "desde la negociación y el consenso".
El ministerio de Justicia quiere también desarrollar los Acuerdos con las confesiones minoritarias, y "hacer efectivo y real" el principio de la aconfesionalidad del Estado, según las mismas fuentes. En esta situación, y aunque el cardenal Rouco ha evitado entrar en el debate sobre la educación religiosa, el divorcio, los matrimonios homosexuales y la financiación a lo largo de los últimos meses, sí se ha pronunciado ya sobre las cuestiones que afectan a la familia y la enseñanza de la asignatura de religión en dos cartas pastorales en la COPE las dos últimas semanas.
Críticas a la política socialista
También la Conferencia Episcopal, a través de dos comunicados y en rueda de prensa de su portavoz, se ha manifestado en favor de la defensa del concepto de "familia tradicional" y del "verdadero matrimonio, el constituido por la unión entre un hombre y una mujer". Paralelamente son varios los obispos, entre ellos el de Valencia y el de Toledo, los que han venido criticando a lo largo de este verano la política socialista y animando a los laicos católicos a expresar su rechazo a estas medidas "que atentan contra la doctrina de la Iglesia", "contra los valores éticos del humanismo cristiano" y "contra el bien común", según los prelados.
El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, admitió este jueves, durante una rueda de prensa, la posibilidad de que los católicos puedan manifestarse con concentraciones en la calle contra la política del Gobierno, aunque negó que los obispos lo estén alentando. Sin embargo, y a pesar de que negó que exista "una campaña" desde la Conferencia Episcopal contra la política de Rodríguez Zapatero, el portavoz de los obispos dejó bien claro que "los católicos son libres de actuar según lo que crean conveniente" y agregó que "los derechos civiles que pueden ejercer los ciudadanos también los pueden ejercer los católicos".
El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, admitió este jueves, durante una rueda de prensa, la posibilidad de que los católicos puedan manifestarse con concentraciones en la calle contra la política del Gobierno, aunque negó que los obispos lo estén alentando. Sin embargo, y a pesar de que negó que exista "una campaña" desde la Conferencia Episcopal contra la política de Rodríguez Zapatero, el portavoz de los obispos dejó bien claro que "los católicos son libres de actuar según lo que crean conveniente" y agregó que "los derechos civiles que pueden ejercer los ciudadanos también los pueden ejercer los católicos".