L D (EFE) La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó este viernes, al término de la reunión del Consejo de Ministros, sobre la remisión al Congreso de estos informes, así como de la respuesta dada por el Ejecutivo al resto de las 96 peticiones de documentación formuladas por la comisión, que en su mayoría no se podrán consultar al estar bajo secreto de sumario. De todos los documentos, 25 se enviarán a la comisión el lunes y otros tres se deberán estudiar en sesión secreta; doce ya se entregaron en anteriores envíos; nueve están en proceso de redacción y otros 28 están en poder del juez.
Además, quince documentos no se pueden consultar por impedirlo la ley o estar exentos de control parlamentario al pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y cuatro no existen en los archivos del Gobierno. Entre los documentos disponibles para entregar, destacan aquellos informes relativos a los supuestos vínculos mantenidos por ETA o alguno de sus miembros con organizaciones árabes y grupos terroristas islamistas, como el que presuntamente perpetró los atentados de Madrid.
También están los documentos redactados tras las investigaciones que se hicieron a partir de informaciones publicadas en un periódico italiano, en las que se afirmaban que los terroristas de ETA detenidos en Navidad con un cargamento de explosivos habían estado en Irak. La comisión podrá analizar los documentos del Ministerio del Interior sobre los explosivos utilizados por ETA durante toda su historia y sobre los atentados cometidos por esta banda armada desde 1990 en los que el coche abandonado por los terroristas no tenía las matrículas "dobladas".
Además, quince documentos no se pueden consultar por impedirlo la ley o estar exentos de control parlamentario al pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y cuatro no existen en los archivos del Gobierno. Entre los documentos disponibles para entregar, destacan aquellos informes relativos a los supuestos vínculos mantenidos por ETA o alguno de sus miembros con organizaciones árabes y grupos terroristas islamistas, como el que presuntamente perpetró los atentados de Madrid.
También están los documentos redactados tras las investigaciones que se hicieron a partir de informaciones publicadas en un periódico italiano, en las que se afirmaban que los terroristas de ETA detenidos en Navidad con un cargamento de explosivos habían estado en Irak. La comisión podrá analizar los documentos del Ministerio del Interior sobre los explosivos utilizados por ETA durante toda su historia y sobre los atentados cometidos por esta banda armada desde 1990 en los que el coche abandonado por los terroristas no tenía las matrículas "dobladas".
Seguimiento a "El Tunecino"
El Gobierno aprobó además remitir el informe de la Policía sobre el seguimiento que se hizo a "El Tunecino", uno de los cerebros de la matanza, y de por qué se dejó de vigilarle en los días anteriores a los atentados. Otros escritos que se pondrán a disposición de los comisionados son la relación de teléfonos intervenidos a personas vinculadas al terrorismo islamista; los vehículos sospechosos inspeccionados tras los atentados y las ayudas concedidas a las víctimas.
En próximas fechas, el Ejecutivo dará respuesta a otras peticiones sobre las cartas o comunicaciones interceptadas a integrantes de ETA de los que se podría derivar una conexión con terroristas islamistas.
La mayor parte de los documentos solicitados fue a requerimiento del PP, que reclamó también diversos escritos sobre el robo de los explosivos empleados por el 11-M y el papel que tuvieron en esta trama confidentes policiales como Rafá Zouhier o Emilio Suárez Trashorras. Sobre este asunto, el Ejecutivo ha accedido a enviar algunos escritos para su consulta de forma confidencial, como el informe remitido por la UCO a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias dando cuenta de sus investigaciones sobre la venta de explosivos por parte de Suárez Trashorras.
El Gobierno aprobó además remitir el informe de la Policía sobre el seguimiento que se hizo a "El Tunecino", uno de los cerebros de la matanza, y de por qué se dejó de vigilarle en los días anteriores a los atentados. Otros escritos que se pondrán a disposición de los comisionados son la relación de teléfonos intervenidos a personas vinculadas al terrorismo islamista; los vehículos sospechosos inspeccionados tras los atentados y las ayudas concedidas a las víctimas.
En próximas fechas, el Ejecutivo dará respuesta a otras peticiones sobre las cartas o comunicaciones interceptadas a integrantes de ETA de los que se podría derivar una conexión con terroristas islamistas.
La mayor parte de los documentos solicitados fue a requerimiento del PP, que reclamó también diversos escritos sobre el robo de los explosivos empleados por el 11-M y el papel que tuvieron en esta trama confidentes policiales como Rafá Zouhier o Emilio Suárez Trashorras. Sobre este asunto, el Ejecutivo ha accedido a enviar algunos escritos para su consulta de forma confidencial, como el informe remitido por la UCO a la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias dando cuenta de sus investigaciones sobre la venta de explosivos por parte de Suárez Trashorras.
Peticiones desestimadas
El grueso de las peticiones vinculadas a esta trama se ha desestimado puesto que, según el Gobierno, obra en poder del juez que investiga el caso. Entre los documentos denegados por estar bajo secreto de sumario, se encuentran los relativos al seguimiento que se hizo de los presuntos autores de la masacre o a la documentación aportada por Marruecos sobre los atentados de Casablanca en mayo de 2003.
El Gobierno rechaza también la entrega de los antecedentes penales y los datos bancarios de los presuntos terroristas y de los confidentes policiales al requerir el permiso del juez. Desestima asimismo las peticiones de los informes elaborados por servicios de inteligencia extranjeros tras los atentados de Madrid, por estar exentos al control parlamentario.
El Ejecutivo señala que no existen informes ni notas sobre unas supuestas informaciones del confidente Rafá Zouhier a su controlador, el alférez "Víctor", de que el guardia Civil "Pedro" vendió armas al marroquí "Lofti", socio de Jamal Ahmidan "El Chino".
El grueso de las peticiones vinculadas a esta trama se ha desestimado puesto que, según el Gobierno, obra en poder del juez que investiga el caso. Entre los documentos denegados por estar bajo secreto de sumario, se encuentran los relativos al seguimiento que se hizo de los presuntos autores de la masacre o a la documentación aportada por Marruecos sobre los atentados de Casablanca en mayo de 2003.
El Gobierno rechaza también la entrega de los antecedentes penales y los datos bancarios de los presuntos terroristas y de los confidentes policiales al requerir el permiso del juez. Desestima asimismo las peticiones de los informes elaborados por servicios de inteligencia extranjeros tras los atentados de Madrid, por estar exentos al control parlamentario.
El Ejecutivo señala que no existen informes ni notas sobre unas supuestas informaciones del confidente Rafá Zouhier a su controlador, el alférez "Víctor", de que el guardia Civil "Pedro" vendió armas al marroquí "Lofti", socio de Jamal Ahmidan "El Chino".