L D (EFE) La portavoz de los populares en la comisión de Interior de la Cámara Baja, Alicia Sánchez Camacho, formalizó este jueves esta petición ante lo que considera un "grave error" de Gallizo, quien hizo públicos los nombramientos y ceses de los directores de los centros penitenciarios y ocasionó "un riesgo" a su seguridad.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Sánchez Camacho afirmó que la responsable pública de la política penitenciaria "ha infringido la seguridad" de los directores de los centros al "dar publicidad a sus nombres, cargos y destinos".
La portavoz del PP en la comisión de Interior, donde tendría lugar la comparecencia de Alonso, informó de que el ministerio de Interior dispone de una normativa anterior a la llegada de los populares al Gobierno en 1996, si bien fue ratificada dos años más tarde, según la cual "se inscribe que esos nombres no sean públicos". "Pero la directora general de Instituciones Penitenciarias no sólo hace eso, sino que con luz y taquígrafos da los nombres de todos los directores nombrados y cesados", matizó Sánchez Camacho, para quien el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el propio Alonso se han mostrado "despreocupados" por este asunto.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Sánchez Camacho afirmó que la responsable pública de la política penitenciaria "ha infringido la seguridad" de los directores de los centros al "dar publicidad a sus nombres, cargos y destinos".
La portavoz del PP en la comisión de Interior, donde tendría lugar la comparecencia de Alonso, informó de que el ministerio de Interior dispone de una normativa anterior a la llegada de los populares al Gobierno en 1996, si bien fue ratificada dos años más tarde, según la cual "se inscribe que esos nombres no sean públicos". "Pero la directora general de Instituciones Penitenciarias no sólo hace eso, sino que con luz y taquígrafos da los nombres de todos los directores nombrados y cesados", matizó Sánchez Camacho, para quien el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el propio Alonso se han mostrado "despreocupados" por este asunto.
Instituciones Penitenciarias dice que el legal
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias dice, por su parte, que se ajusta a la legalidad al difundir los nombres de directores de centros penitenciarios, ya que no hay ninguna norma que impida publicar la identidad de funcionarios con cargos de libre designación.
Instituciones Penitenciarias indica que las resoluciones de la Dirección General de la Administración Pública de 14 de marzo de 1996 y 3 de julio de 1997 sólo autorizan a sustituir la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los nombres y apellidos de funcionarios de prisiones, que sean nombrados mediante los oportunos procesos selectivos (oposición) por un número identificativo.
En un comunicado emitido ante informaciones difundidas al respecto, Instituciones Penitenciarias añade que esta resolución, "que siempre será respetada por esta Dirección General, poco tiene que ver con el conocimiento general de la identidad de los directores de los centros penitenciarios". Explica que "estos son cargos de libre designación, provistos mediante el procedimiento recogido en la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, y en el Real Decreto 364/1995, del Reglamento General de provisión de puestos de trabajo".
Añade que "es un absurdo antidemocrático que estos cargos se puedan mantener en secreto dado que se vulneraría el derecho de los ciudadanos a conocer su identidad, según establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".
El comunicado agrega que "los directores de los centros penitenciarios tienen encomendadas, entre otras, las funciones de 'ostentar la representación del centro directivo y de los órganos colegiados del establecimiento', 'representar al centro penitenciario en sus relaciones con autoridades, centros, entidades o personas' y 'asumir la representación del Organismo Autónomo de Trabajo y Formación para el Empleo".
Según Instituciones Penitenciarias, estas funciones "son incompatibles, dada su trascendencia social, con el anonimato, ya que cuentan con una importante labor institucional y de relaciones" con autoridades, organismos o medios de comunicación.
En este sentido, el comunicado concluye que "es fácilmente constatable que en los medios de comunicación se publican frecuentemente informaciones relativas a los centros penitenciarios, en las que se citan los nombres de los directores de los mismos".
Instituciones Penitenciarias indica que las resoluciones de la Dirección General de la Administración Pública de 14 de marzo de 1996 y 3 de julio de 1997 sólo autorizan a sustituir la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los nombres y apellidos de funcionarios de prisiones, que sean nombrados mediante los oportunos procesos selectivos (oposición) por un número identificativo.
En un comunicado emitido ante informaciones difundidas al respecto, Instituciones Penitenciarias añade que esta resolución, "que siempre será respetada por esta Dirección General, poco tiene que ver con el conocimiento general de la identidad de los directores de los centros penitenciarios". Explica que "estos son cargos de libre designación, provistos mediante el procedimiento recogido en la Ley de Medidas para la reforma de la Función Pública, y en el Real Decreto 364/1995, del Reglamento General de provisión de puestos de trabajo".
Añade que "es un absurdo antidemocrático que estos cargos se puedan mantener en secreto dado que se vulneraría el derecho de los ciudadanos a conocer su identidad, según establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".
El comunicado agrega que "los directores de los centros penitenciarios tienen encomendadas, entre otras, las funciones de 'ostentar la representación del centro directivo y de los órganos colegiados del establecimiento', 'representar al centro penitenciario en sus relaciones con autoridades, centros, entidades o personas' y 'asumir la representación del Organismo Autónomo de Trabajo y Formación para el Empleo".
Según Instituciones Penitenciarias, estas funciones "son incompatibles, dada su trascendencia social, con el anonimato, ya que cuentan con una importante labor institucional y de relaciones" con autoridades, organismos o medios de comunicación.
En este sentido, el comunicado concluye que "es fácilmente constatable que en los medios de comunicación se publican frecuentemente informaciones relativas a los centros penitenciarios, en las que se citan los nombres de los directores de los mismos".