L D (EFE) El Gobierno ha dado traslado del contenido de este informe a la comisión de investigación del 11-M mediante un escrito donde explica que Zouhier, acusado de colaboración con banda armada, tiene todas sus comunicaciones intervenidas, tanto orales como escritas, con excepción de las que mantiene con su abogado defensor. La comisión requirió del Ejecutivo que informara si la entrevista que Del Burgo gestionó con el confidente -por la cual varios grupos parlamentarios han pedido su reprobación- se produjo de acuerdo a los cauces previstos en la legislación penitenciaria.
La contestación oficial explica que el diputado del PP "no ha sido destinatario ni emisor de ninguna de las comunicaciones escritas mantenidas reglamentariamente por el interno sr. Zouhier" y aclara que ninguno de los escritos intervenidos a este recluso incluía un cuestionario como el que fue difundido por Del Burgo. Rafá Zouhier, cuyo testimonio ante la comisión de investigación del 11-M ha sido reclamado reiteradamente por el grupo popular, está internado en prisión preventiva en la cárcel de Madrid-VI, y al tratarse de un acusado de colaboración con banda armada, está sujeto al régimen especial de los presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).
De esta manera, todas sus comunicaciones con el exterior de la prisión están intervenidas, tal y como establece la Ley Orgánica General Penitenciaria en sus artículos 51.1 y 5, añade la información facilitada por el Ejecutivo a la comisión parlamentaria. En estas condiciones, la Administración Penitenciaria se ocupa del control de sus comunicaciones y además tiene acceso a su contenido, bajo la preceptiva supervisión del juez de Vigilancia.
Además de explicar que el diputado del PP no figura en ninguna de las comunicaciones reglamentarias mantenidas con el confidente, el Gobierno apunta que no puede facilitar los datos concretos de las personas que han comunicado con Zouhier en la cárcel por estar protegidos por su derecho a la intimidad; únicamente podrían ser recabados del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente. De la misma manera, el Gobierno explica a la comisión que la transcripción de las escuchas practicadas a algunos de los implicados en los atentados del 11-M, entre ellos el propio Rafá Zouhier, no pueden ser facilitadas sin permiso judicial.
La comisión había reclamado estas transcripciones a raíz de la declaración efectuada el martes pasado por el ex jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizada (UDYCO) de Madrid, Juan Manuel Calleja, en la cual se refirió al contenido de estas escuchas previas a los atentados del 11 de marzo. El Gobierno señala que la transcripción de conversaciones intervenidas por las Fuerzas de Seguridad requiere de previa autorización judicial.
La contestación oficial explica que el diputado del PP "no ha sido destinatario ni emisor de ninguna de las comunicaciones escritas mantenidas reglamentariamente por el interno sr. Zouhier" y aclara que ninguno de los escritos intervenidos a este recluso incluía un cuestionario como el que fue difundido por Del Burgo. Rafá Zouhier, cuyo testimonio ante la comisión de investigación del 11-M ha sido reclamado reiteradamente por el grupo popular, está internado en prisión preventiva en la cárcel de Madrid-VI, y al tratarse de un acusado de colaboración con banda armada, está sujeto al régimen especial de los presos incluidos en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).
De esta manera, todas sus comunicaciones con el exterior de la prisión están intervenidas, tal y como establece la Ley Orgánica General Penitenciaria en sus artículos 51.1 y 5, añade la información facilitada por el Ejecutivo a la comisión parlamentaria. En estas condiciones, la Administración Penitenciaria se ocupa del control de sus comunicaciones y además tiene acceso a su contenido, bajo la preceptiva supervisión del juez de Vigilancia.
Además de explicar que el diputado del PP no figura en ninguna de las comunicaciones reglamentarias mantenidas con el confidente, el Gobierno apunta que no puede facilitar los datos concretos de las personas que han comunicado con Zouhier en la cárcel por estar protegidos por su derecho a la intimidad; únicamente podrían ser recabados del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente. De la misma manera, el Gobierno explica a la comisión que la transcripción de las escuchas practicadas a algunos de los implicados en los atentados del 11-M, entre ellos el propio Rafá Zouhier, no pueden ser facilitadas sin permiso judicial.
La comisión había reclamado estas transcripciones a raíz de la declaración efectuada el martes pasado por el ex jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizada (UDYCO) de Madrid, Juan Manuel Calleja, en la cual se refirió al contenido de estas escuchas previas a los atentados del 11 de marzo. El Gobierno señala que la transcripción de conversaciones intervenidas por las Fuerzas de Seguridad requiere de previa autorización judicial.