(Libertad Digital) Con fecha 2 de abril de 2004 –el pasado viernes–, la Dirección General de Defensa de la Competencia, ha notificado la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2000.
El documento, al que ha tenido acceso Libertad Digital, parte del auto de 18 de febrero de 2004 en el que el Alto Tribunal apremiaba al Gobierno a tomar una decisión que correspondía de forma "inexcusable" a la citada Dirección General. Tras repasar los pronunciamientos del Supremo, el documento analiza el "grado de ejecución de la sentencia" y llega a la conclusión de que "desde el punto de vista formal, SER, Antena 3 Radio y Unión Radio han resuelto los contratos que dieron lugar a la operación de concentración autorizada por el Consejo de Ministros el 20 de mayo de 1994".
Cuatro años después "se ignora" si hay dependencia
Añade sin embargo, que "desde el punto de vista material, se han presentado un conjunto de actividades dirigidas al cumplimiento de las obligaciones de desconcentración efectiva, esto es, de separación de la gestión económica de las partes".
Y en este mismo punto, se reconoce un total desconocimiento de los puntos clave de la concentración: "en principio cabe considerar que el grupo PRISA no controla Antena 3 Radio desde la perspectiva de los indicadores cuantitativos que recoge el artículo 42 del Código de Comercio". Dice también, con total inseguridad que "no se conoce la existencia de ningún acuerdo de cesión de gestión". Y, por último, reconoce abiertamente que "se ignora si alguno de los elementos económicos no recogidos en los acuerdos que obran en el expediente pueden determinar una relación de dependencia, o si la sociedad Unión Radio Digital podría dar lugar a una concentración de notificación obligatoria con arreglo a la normativa de competencia". Es decir, para resolver una concentración ilegal, insinúa que podría aparecer otra.
El nuevo plazo pone el antenicidio en la mesa de Zapatero
Ya en el acuerdo, en el que se supone que debe quedar clara la ejecución de la sentencia del Supremo, es decir, retornar a la pluralidad informativa existente en la radio española antes de la absorción ilegal, el Servicio de Defensa de la Competencia no hace sino dejar las cosas como estaban e insistir en pedir más datos que sólo corresponde recabar a quien lo demanda. Así, ahora se abre un plazo de "quince días en el que Antena 3 de Radio SA y Sociedad Española de Radiodifusión, SA. Deberán proporcionar al Servicio de Defensa de la Competencia información detallada sobre las condiciones económicas de los acuerdos de programación suscritos entre ellas el 14 de mayo de 2003 y, en particular, sobre las retribuciones anuales en concepto de participación en los ingresos de la publicidad". Este plazo de 15 días, tomado desde la fecha de notificación, llega ya de lleno al Gobierno de Zapatero que se someterá a la investidura los días 5 y 16 de abril.