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Rubalcaba se apunta a la tesis de Guerra e Ibarra sobre los jueces que condenaron a Vera

El último episodio de indirectas a raíz de la petición de indulto a Rafael Vera iba dirigido contra los jueces que condenaron a el ex alto cargo socialista y deben informar de su indulto. Ibarra y Guerra dejaron caer que los fondos reservados fueron a parar a los bolsillos de algún togado. Si Guerra habló de paradojas, Rubalcaba lo hace de contradicciones. La vicepresidenta del Gobierno no quiso pronunciarse sobre las acusaciones y recordó que el CGPJ "tiene unas competencias que a los ciudadanos les gustaría mucho que las cumpliese".

El último episodio de indirectas a raíz de la petición de indulto a Rafael Vera iba dirigido contra los jueces que condenaron a el ex alto cargo socialista y deben informar de su indulto. Ibarra y Guerra dejaron caer que los fondos reservados fueron a parar a los bolsillos de algún togado. Si Guerra habló de paradojas, Rubalcaba lo hace de contradicciones. La vicepresidenta del Gobierno no quiso pronunciarse sobre las acusaciones y recordó que el CGPJ "tiene unas competencias que a los ciudadanos les gustaría mucho que las cumpliese".
L D (Agencias) Desde la carta al director de El País redactada por Rafael Vera, no han cesado las declaraciones. Con alusiones a suicidios, chantajes, amenazas y acusaciones contra los jueces que condenaron al ex secretario de Estado de Seguridad, el Gobierno prefiere no hacer un solo comentario. Se limitan a aclarar que el proceso de indulto seguirá los cauces habituales y no tendrá preferencia sobre otras peticiones. No obstante, cabe recordar que el informe que elaboren lo tribunales no tiene carácter vinculante.
 
El portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló en declaraciones a la emisora Punto Radio que ignora si es verdad o mentira que alguno de los jueces que ha condenado a Vera se vio beneficiado en su día por el uso de fondos reservados, aunque añadió que si fuera así "sería una contradicción espantosa".
 
En cuanto a si apoya el indulto a Vera, el dirigente socialista resolvió la cuestión afirmando, según las declaraciones recogidas por Europa Press, que la decisión final es de Consejo de Ministros y esperará a que este se pronuncie porque le parece que es "lo más prudente". En todo caso, señaló que Felipe González y los que han suscrito el indulto han hecho uso de un derecho constitucional y han obrado "como ciudadanos".
 
Ahora sí quieren que decida el CGPJ
 
Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas pidieron a la vicepresidenta del Gobierno su opinión sobre el torrente de declaraciones que algunos jueces han calificado ya de injuriosas ya que imputan delitos en el caso de los fondos reservados a magistrados que se encargaron del caso, eso sí, sin dar nombres. María Teresa Fernández de la Vega, este viernes presidenta en funciones por el viaje de Zapatero a Roma, declinó hacer cualquier comentario. Parece que esta vez sí quieren que sea el Consejo General del Poder Judicial el encargado de exigir prudencia.
 
Dijo que en España hay división de poderes y el Consejo General del Poder Judicial "tiene unas competencias que a los ciudadanos les gustaría mucho que las cumpliese". Una de esas funciones es, precisamente, la protección a los jueces.
 
Enrique López: Son "imputaciones injuriosas y presuntamente calumniosas"
 
El portavoz del CGPJ, Enrique López, en declaraciones a la agencia Europa Press, ha hecho el análisis sin rodeos calificando las declaraciones de varios socialistas de "imputaciones injuriosas y presuntamente calumniosas".
 
Explicó que son de especial gravedad las insinuaciones de que los magistrados que juzgaron a Rafael Vera recibieron dinero de esos fondos, ya que se trata de los jueces que deben informar sobre el indulto del ex secretario de Estado y sobre la eventual suspensión de su condena. Aunque él no quiso dar nombres, López contestaba así a las declaraciones formuladas en los últimos días por el propio Vera, el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y el presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
 
El portavoz del CGPJ explicó que no se debe confundir entre el uso lícito de los fondos reservados, como puede ser su destino a reforzar la seguridad de los jueces, y uso criminal, como el que le dieron los ex altos cargos del Ministerio del Interior condenados por la Audiencia de Madrid y confirmados en su condena por el Supremo. Además, añadió López, "si una persona tiene conocimiento de la comisión de un delito, tiene la obligación de denunciarlo, y, en caso contrario, debe callarse".

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