DOCUMENTO 1:
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6 DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Don Jaime Ignacio DEL BURGO TAJADURA, Diputado por Navarra, miembro de la Comisión de Investigación del 11-M, con domicilio –a efectos de notificaciones- en el Congreso de los Diputados (Carrera de San Jerónimo s/n, de Madrid), ante el Juzgado comparece y EXPONE:
Que el abogado Don Carlos Alberto Tejeda Gelabert efectuó a diversos medios de comunicación unas declaraciones en las que afirmaba que había informado en el mes de abril de 2002 a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias acerca del posible tráfico de dinamita y posibles contactos con ETA de los asturianos implicados en los atentados del 11-M, Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras.
Que ante tales manifestaciones el Grupo Popular solicitó que se acordara la comparecencia ante la referida Comisión del mencionado abogado.
Que en las comparecencias celebradas ante la Comisión de Investigación los días 15 y 25 de octubre de 2004, tanto el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias como diversos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Principado confirmaron esta actuación ante el abogado Tejeda.
Que ante el rechazo de la mayoría de los Grupos a las reiteradas propuestas del Grupo Popular para que Don Carlos Alberto Tejeda compareciese personalmente ante la Comisión de Investigación, los Comisionados del Grupo al que pertenezco recabamos del abogado Tejeda que expusiera por escrito, si lo estimaba oportuno, los pormenores de su actuación ante la Fiscalía de Asturias.
Que en fecha 4 de noviembre de 2004 los Comisionados del Grupo Popular hemos recibido un escrito de Don Carlos Alberto Tejeda en el que se da respuesta al requerimiento realizado.
Que en tal escrito se relatan una serie de hechos que, de ser ciertos, harían a José Ignacio Fernández Díaz, alias “Nayo”, responsable de un delito de colaboración con banda armada, por su participación en algún transporte de armas desde Francia a España para ETA en el que habría actuado como intermediario.
Que además de este reconocimiento, el “Nayo” informaba de la existencia de un depósito de dinamita a disposición de ETA –que se supone pertenecería a la banda de la que él formaba parte dirigida por Antonio Toro Castro y de la que también formaba parte Emilio Suárez Trashorras.
Que asimismo el abogado Tejeda refiere cómo dio cuenta a la Fiscalía de Asturias de los hechos anteriormente relatados, que se comprometió a iniciar la oportuna investigación de la que dos meses más tarde, es decir, en junio de 2002 volvió a hablar con el Fiscal Jefe de Asturias quien le informó que el “Nayo” había sido conducido al lugar donde decían estaban los explosivos, “pero que dicho lugar se trataba de un monte, y que no iban a registrar todo el monte”, respuesta dada al abogado Tejeda por el Fiscal de Asturias que, de ser cierta, podría reflejar una clara negligencia por parte del responsable del operativo policial desplegado a consecuencia de la denuncia efectuada ante la Fiscalía.
Por lo expuesto, y cumpliendo la obligación establecida en el artículo 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y entendiendo que por tratarse de hechos relacionados con la denominada “trama asturiana” de los atentados del 11-M serían competencia de ese Juzgado Central de Instrucción Número 6,
SUPLICA AL JUZGADO: Tenga por recibido el presente escrito, con la copia de la carta remitida por Don Carlos Alberto Tejeda Gelabert a los Comisionados del Grupo Popular en la Comisión de Investigación sobre el 11-M constituida por el Congreso de los Diputados y, en su consecuencia, por formulada denuncia contra José Ignacio Fernández Díaz, alias el “Nayo”, por un presunto delito de colaboración con banda armada, y asimismo solicita que se lleven a cabo las investigaciones que sean pertinentes al objeto de verificar si en la inspección ocular del lugar donde el “Nayo” decía estaban los explosivos a disposición de ETA se actuó con la debida diligencia por parte de los responsables del operativo policial llevando a cabo a impulso de la Fiscalía de Asturias.
Por ser de justicia que pido en Madrid, a once de noviembre de dos mil cuatro.
DOCUMENTO 2:
Ala Att. De:
COMISIONADOS DEL GRUPO POPULAR EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL 11-M
Muy Sres. míos:
El objetivo de la presente misiva no es otro que el de relatar los hechos de los que fui testigo respecto a la existencia de una cantidad grande de explosivos existentes en Oviedo, y que, según informaciones recibidas estaban destinados a ETA.
Lo primero que quiero realizar es una rectificación con respecto a las informaciones que suministré a diferentes medios de comunicación , en lo referente a la fecha en la que la conversación con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se realizó, no siendo esta la señalada por mí de los primeros meses del año 2003, sino en el mes de abril del año 2002, y la conversación se produjo al menos, seis meses antes de ser puestos en libertad.
Varios días antes de la fecha señalada, es decir, abril de 2002, fui requerido por los familiares de mis tres defendidos; todos de etnia gitana, a los cuales defendía en el procedimiento Sumario número 1 del año 2002, que se instruía por el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, y entre los cuales no se encontraba JOSE IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ, siendo este imputado defendido por otro Letrado cuyo nombre desconozco ahora mismo; para que los visitara en la prisión de Villabona, con objeto de informarme de una noticia que podría dar un vuelco a la situación de prisión en la que se encontraban. Acudí a verlos, saliendo en la misma comunicación, además de mis tres representados, JOSE IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ alias “NAYO”. Dicha persona, estando presentes mis tres defendidos, me manifestó que él tenía conocimiento de la existencia de una determinada cantidad de explosivos que estaban destinados a ETA, y que dicho conocimiento provenía de haber sido intermediario en diferentes ocasiones de tales transacciones, así como de haber participado en algún transporte de armas desde Francia a España, también para ser destinadas a ETA. Dicha información debía de ser suministrada a alguien que pudiera hacer algo para que saliera de la cárcel, ya qu era una situación que no soportaba. Tal información no quiso ser dada por su Letrado, ya que, aún conociéndola, manifestó tener miedo a represalias.
Una vez mantenida la conversación, y dada la importancia de la información suministrada, acudí en esa misma mañana a intentar hablar con el Fiscal antidroga de Oviedo, del cual no recuerdo su nombre. Cuando pregunté por él en la Fiscalía, no se encontraba allí, motivo por el cual, y ante lo urgente de la situación, decidí hablar con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia, que a la sazón era el SR. VALERO OLTRA. S. Sª me recibió atentamente, escuchó y tomó nota de todo lo que allí se dijo, que no era otra cosas que lo dicho anteriormente, pidiéndome los datos personales de la persona que me había suministrado la información, diciendo que haría lo necesario para investigar tales datos.
Por informaciones posteriores que recibí de mis clientes, nunca corroboradas por el Sr. Fernández Díaz, ya que nunca le volví a ver, al parecer dicho señor fue visitado en el Centro Penitenciario por funcionarios de la guardia Civil, e incluso se le sacó de dicho centro para que acompañara a los funcionarios a señalar el lugar donde decía que podían estar.
En una conversación posterior con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, realizada dos meses después de la primera, para interesarme por la información suministrada, y viendo que mis mandantes no eran puestos en libertad, S. Sª me dijo que efectivamente el señor Fernández Díaz había sido conducido por la Guardia Civil al lugar se trataba de un monte, y que no iban a registrar todo el monte.
Ni hablé con más personas que las manifestadas, ni contacté con nadie que no haya dicho ya. Efectivamente momentos ante del juicio celebrado en Oviedo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en fecha 9 de junio de 2004, tuve una breve conversación con el Fiscal que ese día estaba en la Sala, al que informé de todo lo anteriormente relatado, al objeto de intentar obtener algún tipo de beneficio para mis mandantes, llegándose a un acuerdo en cuanto a las condenas de todos los inculpados, pero no como consecuencia de dicha información.
Espero que la información que plasmo en la presente misiva sirva para algo en la Comisión que investiga los tristes hechos ocurridos en Madrid en fecha 11 de marzo de 2004.
Atentamente,
CARLOS ALBERTO TEJEDA GELABERT