L D (EFE) Concretamente, el 49% del capital de la rama civil será de la SEPI, al menos otro 21% de entidades financieras que permitan una "mayoría cualificada bajo control público" y, si es posible, el resto de inversores privados o socios tecnológicos, según detalló el presidente del ente público, Enrique Martínez Robles, después de la reunión que mantuvieron hoy ambas partes durante cerca de cinco horas.
Tanto la rama civil como la militar -en la que estará incluida San Fernando-, dependerán de una misma sociedad, con lo que mantendrán una conexión jurídica, tal y como reclamaban los sindicatos representantes de los trabajadores de la empresa pública. Respecto a la posibilidad de que las cajas de ahorros entren en el accionariado de la empresa de construcción civil (con un mínimo de un 21 por ciento y un máximo del 51 por ciento), Martínez Robles explicó que no se han mantenido contactos oficiales con ellas, pero sí "oficiosos", aunque no detalló el resultado de los mismos.
Además, la reunión se cerró con el acuerdo de que toda la actividad del astillero de San Fernando (Cádiz) dependerá de la empresa que aglutine la actividad de construcción militar, que estará participada al cien por cien por la SEPI. En cambio, ha quedado en el aire el futuro de Fene, puesto que los sindicatos han preferido estudiar más detenidamente si le conviene más depender de la empresa de construcción civil o de la militar.
Esta decisión se debe, en parte, a que la SEPI ha comunicado a los sindicatos que mañana se hará pública una resolución de la Comisión Europea en la que se comunica que la UE no puede limitar la producción de los astilleros, por lo que éstos podrán aumentar su productividad todo lo que quieran o puedan, siempre que no incrementen sus instalaciones, según explicó el secretario de política sindical de MCA-UGT, Carlos Romero, también al término de la reunión.
Si Fene entrara en la sociedad de construcción militar -algo que la SEPI acepta- tendría que renunciar a su actividad civil y se mantendría el veto europeo de construir buques convencionales antes del 2007, por lo que, según Romero, "se están abriendo nuevas espectativas sobre Fene que hay que estudiar más". Otros acuerdos alcanzados durante la reunión de este martes consisten en la necesidad de establecer incentivos que aumenten la carga de trabajo, de fomentar la diversificación de la industria auxiliar dependiente de los astilleros y de buscar la especialización de cada centro. También hubo acuerdo en buscar mecanismos para garantizar que, en el caso de que se negocie la creación de un consorcio naval europeo, el peso específico de Izar sea el actual y no el que pudiera resultar de la división de los astilleros en dos compañías; así como en que la venta de la participación de un socio a otro debe ser pactada previamente con los sindicatos.
En cambio, no se alcanzó un acuerdo respecto a la reclamación sindical de que la SEPI se comprometiera a comprar la participación de un socio en la empresa de la rama civil si éste decide abandonarla, según detalló el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, Felipe López. Ante los resultados obtenidos, Martínez Robles calificó de "muy positiva" la reunión de hoy y expresó su convicción de que ambas partes serán capaces de alcanzar "el acuerdo preciso" antes de fin de año, de acuerdo con el plazo impuesto por la Unión Europea para solucionar la actual situación de Izar.
De momento, las negociaciones actuales permiten mantener el compromiso de no cerrar ninguno de los centros y de, al mismo tiempo, actuar de acuerdo con la legislación europea, según recordaron ambas partes. En opinión de Romero, los acuerdos alcanzados "permiten concluir que hay alternativas viables para las dos empresas" y garantizar que ambas "estarán bajo control público". Los aspectos que aún quedan pendientes se seguirán negociando durante la reunión que tendrá lugar el próximo día 28 en la sede de la SEPI, mientras que mañana los sindicatos mantendrán un encuentro con la Comisión de Municipios.
Tanto la rama civil como la militar -en la que estará incluida San Fernando-, dependerán de una misma sociedad, con lo que mantendrán una conexión jurídica, tal y como reclamaban los sindicatos representantes de los trabajadores de la empresa pública. Respecto a la posibilidad de que las cajas de ahorros entren en el accionariado de la empresa de construcción civil (con un mínimo de un 21 por ciento y un máximo del 51 por ciento), Martínez Robles explicó que no se han mantenido contactos oficiales con ellas, pero sí "oficiosos", aunque no detalló el resultado de los mismos.
Además, la reunión se cerró con el acuerdo de que toda la actividad del astillero de San Fernando (Cádiz) dependerá de la empresa que aglutine la actividad de construcción militar, que estará participada al cien por cien por la SEPI. En cambio, ha quedado en el aire el futuro de Fene, puesto que los sindicatos han preferido estudiar más detenidamente si le conviene más depender de la empresa de construcción civil o de la militar.
Esta decisión se debe, en parte, a que la SEPI ha comunicado a los sindicatos que mañana se hará pública una resolución de la Comisión Europea en la que se comunica que la UE no puede limitar la producción de los astilleros, por lo que éstos podrán aumentar su productividad todo lo que quieran o puedan, siempre que no incrementen sus instalaciones, según explicó el secretario de política sindical de MCA-UGT, Carlos Romero, también al término de la reunión.
Si Fene entrara en la sociedad de construcción militar -algo que la SEPI acepta- tendría que renunciar a su actividad civil y se mantendría el veto europeo de construir buques convencionales antes del 2007, por lo que, según Romero, "se están abriendo nuevas espectativas sobre Fene que hay que estudiar más". Otros acuerdos alcanzados durante la reunión de este martes consisten en la necesidad de establecer incentivos que aumenten la carga de trabajo, de fomentar la diversificación de la industria auxiliar dependiente de los astilleros y de buscar la especialización de cada centro. También hubo acuerdo en buscar mecanismos para garantizar que, en el caso de que se negocie la creación de un consorcio naval europeo, el peso específico de Izar sea el actual y no el que pudiera resultar de la división de los astilleros en dos compañías; así como en que la venta de la participación de un socio a otro debe ser pactada previamente con los sindicatos.
En cambio, no se alcanzó un acuerdo respecto a la reclamación sindical de que la SEPI se comprometiera a comprar la participación de un socio en la empresa de la rama civil si éste decide abandonarla, según detalló el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO, Felipe López. Ante los resultados obtenidos, Martínez Robles calificó de "muy positiva" la reunión de hoy y expresó su convicción de que ambas partes serán capaces de alcanzar "el acuerdo preciso" antes de fin de año, de acuerdo con el plazo impuesto por la Unión Europea para solucionar la actual situación de Izar.
De momento, las negociaciones actuales permiten mantener el compromiso de no cerrar ninguno de los centros y de, al mismo tiempo, actuar de acuerdo con la legislación europea, según recordaron ambas partes. En opinión de Romero, los acuerdos alcanzados "permiten concluir que hay alternativas viables para las dos empresas" y garantizar que ambas "estarán bajo control público". Los aspectos que aún quedan pendientes se seguirán negociando durante la reunión que tendrá lugar el próximo día 28 en la sede de la SEPI, mientras que mañana los sindicatos mantendrán un encuentro con la Comisión de Municipios.