También destacó que los ayuntamientos "son elementos imprescindibles a la hora de sacar adelante el Observatorio de Vivienda y Suelo", para la Agencia Pública de Alquiler y para la elaboración y aprobación de la Ley de Régimen del Suelo. Apuntó que para su departamento "en el diseño de las ciudades el ámbito municipal es muy importante", al tiempo que dijo creer que "ha llegado el momento de que en materia de urbanismo hagamos una revisión del modelo urbanístico de los 50 últimos años".
Trujillo lanzó una petición a los ayuntamientos "para que se incorporen, con las CCAA, en el nuevo Pacto del Suelo y vivienda que pretendemos sacar adelante para que las políticas activas de vivienda sean efectivas y puedan garantizar que los ciudadanos disfruten de un derecho constitucional, como es el derecho a una vivienda de calidad y a un precio asequible". Tras manifestar el reconocimiento a 25 años de ayuntamientos democráticos, destacó que la Administración local "ha tenido un escaso desarrollo constitucional y ha sido la Administración más olvidada en cuanto a la organización territorial del Estado".
Calificó de "justa" la petición de reclamar más recursos y competencias para los ayuntamientos y añadió que entiende "perfectamente" las peticiones de esta Administración al haber sido consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura y haber trabajado "estrechamente" con los municipios". También dijo ser consciente de que "la proximidad de los ayuntamientos con los ciudadanos y la prestación de servicios que están llevando a cabo necesita todavía ese reconocimiento, no solo competencial, sino también en cuanto a la financiación".
Preguntada por el incremento de los precios de las viviendas, la ministra recordó que en los últimos ocho años "ha habido un parón en estas políticas, que ha significado que el gasto público haya descendido hacia límites alarmantes y que el número de viviendas construidas en España haya disminuido desde unas 80.000 en 1996 a algo más de 30.000 en el 2004".
Esto significa, a su juicio, que "las políticas continuadas de vivienda como consecuencia del paro en los últimos años necesitan determinados incentivos: aumentar el gasto público, subir el número de viviendas protegidas y fomento del mercado de alquiler". Estas medidas, continuó, "irán produciendo, si no un reflejo inmediato, un reflejo a medio y largo plazo, un freno al precio de la vivienda". "No podemos esperar resultados inmediatos de una política que ha sido una no política", apostilló.