(Libertad Digital) En un comunicado remitido a la agencia Europa Press , CajaSur indica que, "sin perjuicio de un análisis más detallado del informe de la Fiscalía Anticorrupción y de valorar las líneas de actuación que CajaSur emprenderá, esta entidad quiere resaltar que la consejera de Economía de la Junta (Magdalena Alvarez) imputó a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y a consejeros generales, la comisión de delitos de falsedad, apropiación indebida y delito societario".
CajaSur entiende que "la persona o entidad que formula una denuncia ante la jurisdicción penal y utiliza como vía de entrada la Fiscalía Especial Anticorrupción tiene que tener una sospecha sólida de estar realmente ante conductas que pueden ser delictivas", ya que "la denuncia en la jurisdicción penal no es un mero trámite, sino que implica imputar conductas delictivas a una serie de personas, y si los hechos se refieren a una entidad de crédito, que vive exclusivamente de la confianza de sus impositores, las consecuencias que puede acarrear el sólo hecho de la denuncia son de extremada gravedad".
Según el análisis realizado por CajaSur, "los hechos denunciados no se ajustaban a la realidad y se manipularon algunos datos económicos para aparentar gravedad en unos hechos instrascendentes", habiéndose revelado a medios de comunicación "el contenido de actuaciones de carácter secreto". CajaSur reaccionaba así tras tener noticificación oficial, de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, del archivo de la mencionada denuncia que interpuso la Junta contra CajaSur el pasado mes de febrero, apoyándose el decreto de archivo en la propuesta formulada con tal recomendación por el fiscal Alejandro Luzón, en la que se afirma que no hay indicios para imputar a los gestores de la caja ningún delito.
Magdalena Álvarez afirma que en el citado informe de la Fiscalía Anticorrupción sí que se hace referencia que CajaSur habría incurrido en "infracciones administrativas". Sin embargo, CajaSur afirma que en el informe de Anticorrupción se aprecia que existen diferencias de criterio entre la Junta de Andalucía y CajaSur, sin que pueda afirmarse que exista "una patente, notoria o incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico".
CajaSur entiende que "la persona o entidad que formula una denuncia ante la jurisdicción penal y utiliza como vía de entrada la Fiscalía Especial Anticorrupción tiene que tener una sospecha sólida de estar realmente ante conductas que pueden ser delictivas", ya que "la denuncia en la jurisdicción penal no es un mero trámite, sino que implica imputar conductas delictivas a una serie de personas, y si los hechos se refieren a una entidad de crédito, que vive exclusivamente de la confianza de sus impositores, las consecuencias que puede acarrear el sólo hecho de la denuncia son de extremada gravedad".
Según el análisis realizado por CajaSur, "los hechos denunciados no se ajustaban a la realidad y se manipularon algunos datos económicos para aparentar gravedad en unos hechos instrascendentes", habiéndose revelado a medios de comunicación "el contenido de actuaciones de carácter secreto". CajaSur reaccionaba así tras tener noticificación oficial, de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, del archivo de la mencionada denuncia que interpuso la Junta contra CajaSur el pasado mes de febrero, apoyándose el decreto de archivo en la propuesta formulada con tal recomendación por el fiscal Alejandro Luzón, en la que se afirma que no hay indicios para imputar a los gestores de la caja ningún delito.
Magdalena Álvarez afirma que en el citado informe de la Fiscalía Anticorrupción sí que se hace referencia que CajaSur habría incurrido en "infracciones administrativas". Sin embargo, CajaSur afirma que en el informe de Anticorrupción se aprecia que existen diferencias de criterio entre la Junta de Andalucía y CajaSur, sin que pueda afirmarse que exista "una patente, notoria o incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico".