(Libertad Digital) El Consejo de Ministros ha acordado retirar este recurso de inconstitucionalidad a propuesta del titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Según informa la agencia Efe, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, justificó esta retirada afirmando que el Ejecutivo entiende que las Cajas de Ahorros fundadas por la Iglesia Católica "deben seguir el régimen general" por el que se rigen esas entidades.
La Ley autonómica que sometía a Cajasur al control de la Junta de Andalucía fue impugnada por el Gobierno Aznar en 2003, al entender que violaba la legislación estatal en esta materia.
El año anterior, 2002, el Estado había modificado la Ley de Organos Rectores de las Cajas de Ahorros de 1985 (LORCA) y sustrajo a Cajasur del ámbito competencial de la Junta de Andalucía. Según esa normativa, se establecía que el Estado era competente para la aprobación de los Estatutos y Reglamentos que designan a los miembros de los órganos de gobierno del presupuesto anual de la obra social de las Cajas de Ahorros cuya entidad fundadora directa sea la Iglesia Católica.
Sin embargo, ese mismo año la Junta andaluza volvió a someter a Cajasur al ámbito competencial de la Comunidad (mediante la disposición adicional quinta de la Ley de medidas tributarias) al imponer una serie de límites a la competencia del Estado sobre de las Cajas de Ahorros de la Iglesia Católica. Estos límites se referían a la exigencia de una conformidad del resto de fundadores de la Caja de Ahorros, en caso de que éstos existieran, así como la necesidad de un voto favorable especial de la asamblea general de la Caja de Ahorros.
El Gobierno califica estos hechos, en la nota de prensa emitida por el Consejo de Ministros, como "conflictos cruzados" y afirma que su objetivo es "tratar de solucionar la controversia a través de la vía extraprocesal, en línea con la política que está llevando a cabo el Ejecutivo de reducir la conflictividad y apostar por la retirada de recursos judiciales entre administraciones".