(Libertad Digital) El juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, que instruye el sumario abierto a raíz de los atentados de Madrid, ha decretado este jueves el ingreso en prisión de Antonio Toro Castro por el suministro de explosivos del 11-M. No obstante, ya premanecía encarcelado desde el pasado 14 de octubre por orden de la Audiencia Provincial de Oviedo por un delito de narcotráfico derivado de la Operación Pipol.
La causa abierta por la 'Operación Pipol' ha llegado a la Audiencia Provincial tres años y medio después de que se iniciase la tramitación del sumario. Y es este jueves cuando se ha conocido, gracias a La Nueva España de Gijón, que la Policía no inspeccionó la casa de Antonio Toro Castro durante la 'Operación Pipol' pese a que tenían permiso del juez. Así aparece en una diligencia policial de julio de 2001. Los agentes de la Policía no registraron el domicilio de Toro porque éste, de forma voluntaria, dijo en el momento de su detención que las sustancias estupefacientes las tenía guardadas en un garaje situado en la calle Eloy Fernández Carabela. La Policía hizo caso a las indicaciones del delincuente y registró el lugar indicado por Toro.
La hermana de Antonio,
Carmen Toro Castro, también tiene su cuota de protagonismo en la prensa asturiana. En el diario
El Comercio aparece publicada una entrevista con Carmen, casada con el también imputado por el 11-M
Emilio Suárez Trashorras, en la que afirma que quiere olvidarse "del mundo y de todo lo que hay a mi alrededor". Además, Carmen Toro, que para la Guardia Civil jugó un papel decisivo en el tráfico de los explosivos del 11-M, dice: "Ahora se ceban con mi familia, hasta que salgan otros". Ante esta afirmación tan enigmática, el periodista autor de la entrevista explica que la hermana de Antonio Toro "deja insistentemente en suspenso a quién se refiere cuando habla de 'otros' y se limita a responder con un largo e intencionado silencio en el que anida un mar de dudas". En interpretación del periodista, "quizá Carmen sabe que su tranquilidad depende más de lo que sabe y calla que de lo que podría decir".
Mientras, el fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, ha decidido aplazar las declaraciones de guardias civiles por la investigación abierta sobre la grabación hallada en el cuartel de Cancienes hasta después del puente de la Constitución y anunció que ésta puede dilatarse hasta principios del año que viene. En la jornada de este jueves estaba previsto que acudieran a testificar ante la Fiscalía el ex jefe de la Comandancia de Gijón, el teniente coronel Antonio Rodríguez Bolinaga, y el agente Jesús Campillo (quien grabó las declaraciones en las que el confidente "Lavandero" alertaba en 2001 de los planes de Suárez Trashorras y Toro). El fiscal explicó que el caso se va alargar más de lo previsto, por lo que no cree que puedan terminar las diligencias este año.
