L D (Agencias) Gerardo Herrero abrió la investigación para determinar la existencia de un presunto delito de obstrucción a la justicia al no haber trasladado al juzgado el contenido de la cinta grabada en el año 2001 en la que "Lavandero" facilitaba información sobre la existencia de una red de tráfico de explosivos. En este caso será Rodríguez Bolinaga (cesado tras la difusión de la cinta por los medios) y Campillo. También se ha anunciado que acudirá a los careos el capitán de la Policía Carlos Montero, responsable de Información de la Comandancia de Gijón.
Según señaló a EFE el fiscal jefe, hasta el momento ha tomado declaración a catorce personas– trece guardias civiles y el confidente "Lavandero"– que tuvieron relación con el hallazgo de la cinta, localizada en el cuartel del Instituto Armado en la localidad de Cancienes por el agente David Robles. Herrero indicó que, tras finalizar esta primera ronda de declaraciones, ha constatado la necesidad de realizar un careo entre el teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, ex jefe de la Comandancia de Gijón; el capitán Montero, que recibió el informe de la cinta, y el agente que realizó la grabación para que "maticen" algunos aspectos de sus testimonios.
El fiscal, que ha declarado secretas las investigaciones por su vinculación con causa abierta por el juez Del Olmo en la Audiencia Nacional, se encuentra además a la espera de recibir diversa documentación, tanto la enviada el pasado mes de abril desde Asturias a la Dirección General de la Guardia Civil, en relación con este asunto, como algunos datos incluidos en el sumario del 11-M. Una vez que Herrero disponga de esta documentación, tomará una decisión sobre la posibilidad de llamar a declarar al general Pedro Laguna, ex responsable de la Guardia Civil en Asturias.
Según señaló a EFE el fiscal jefe, hasta el momento ha tomado declaración a catorce personas– trece guardias civiles y el confidente "Lavandero"– que tuvieron relación con el hallazgo de la cinta, localizada en el cuartel del Instituto Armado en la localidad de Cancienes por el agente David Robles. Herrero indicó que, tras finalizar esta primera ronda de declaraciones, ha constatado la necesidad de realizar un careo entre el teniente coronel José Antonio Rodríguez Bolinaga, ex jefe de la Comandancia de Gijón; el capitán Montero, que recibió el informe de la cinta, y el agente que realizó la grabación para que "maticen" algunos aspectos de sus testimonios.
El fiscal, que ha declarado secretas las investigaciones por su vinculación con causa abierta por el juez Del Olmo en la Audiencia Nacional, se encuentra además a la espera de recibir diversa documentación, tanto la enviada el pasado mes de abril desde Asturias a la Dirección General de la Guardia Civil, en relación con este asunto, como algunos datos incluidos en el sumario del 11-M. Una vez que Herrero disponga de esta documentación, tomará una decisión sobre la posibilidad de llamar a declarar al general Pedro Laguna, ex responsable de la Guardia Civil en Asturias.
El fiscal había anunciado inicialmente su intención de cerrar el proceso de investigación antes de final de año, un plazo que ahora considera que se superará ante la inminencia de las Navidades que dificultan la fijación de fechas para prestar nuevas declaraciones.
Posible extensión de las investigaciones a la Policía
Según el diario asturiano La Nueva España, es una “pequeña” contradicción en las declaraciones de dos “altos mandos” de la Guardia Civil lo que ha hecho que se celebren los careos. Gerardo Herrero ya ha terminado la ronda de interrogatorios que se abrió con las declaraciones del agente David Robles, que fue quien encontró en el puesto de Cancienes la cinta con las revelaciones de Lavandero grabadas por el agente de información de Gijón Jesús Campillo. En la cinta, el confidente Javier Villazón Lavandera advertía de las supuestas intenciones de José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro de traficar con grandes cantidades de Goma 2 Eco.
Además, Herrero afirmó no haber tomado aún ninguna decisión sobre la posibilidad de ampliar la investigación a la Policía (actualmente se halla centrado en la Benemérita), por la posible relación entre la denominada “Operación Serpiente”, abierta por la Guardia Civil a raíz de las declaraciones de Lavandero y la “Operación Pipol”, que llevó a cabo la policía. En esta última operación se desarticuló una red de traficantes de drogas, en la que se incautaron en un garaje de Trashorras y Toro 84 kilos de hachís, 3 kilos de cocaína, así como marihuana, pastillas y sustancias para cortar la droga, junto a 16 cartuchos de Goma 2 ECO y 94 detonadores eléctricos. Lo que Herrero quiere averiguar es por qué la Policía Nacional no comunicó al Instituto Armado la intervención de la dinamita y de los detonadores, a pesar de que este cuerpo tiene la competencia en materia de armas y explosivos.