L D (Europa Press) En la justificación del veto, presentada la semana pasada, los populares cuentan que desde que en los años ochenta el anterior Gobierno socialista modificara "unilateralmente"la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "violentando" lo previsto por la Constitución, la Justicia fue "terreno de discordia, división y conflicto", lejos de lo que debe caracterizar a una "política de Estado". El PP destaca que en el Pacto de Estado alcanzado en la anterior legislatura, se acordó un procedimiento para la elección de los vocales del CGPJ que terminaba con el enfrentamiento.
Los populares recuerdan que lo que el Gobierno pretende ahora, con este proyecto de ley, es modificar "unilateralmente" todo lo acordado, sin que tal pretensión estuviese en el programa electoral socialista, no tampoco en el que detalló el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en su primera comparecencia parlamentaria. "Se pretende cambiar así una previsión legal que lleva veinticinco años de aplicación, sustituyendo el principio de ‘un hombre, un voto’ por mayorías cualificadas calculadas arbitrariamente con un claro propósito partidista", agrega.
Según el Grupo Popular, el Gobierno justifica este "desatino" en que refuerza el consenso con mayorías de tres quintos, mejor y más democrático que el principio mayoritario, cuando "es imposible explicar que esta reinvención de la democracia sólo deba aplicarse al órgano que gobierna los jueces -el único que parece escapar al control del Gobierno- y no al resto de los órganos e instituciones". Los "populares" dicen que este sistema "conduce al bloqueo y a la inestabilidad máxima de la Justicia y al desacuerdo y la confrontación más profundos sobre una de las cuestiones de Estado más importantes como es la que afecta a la independencia judicial y a la división de poderes".
El veto del PP, el único registrado en la Cámara Alta, donde la reforma se tramita en lectura única, sin enmiendas y con la oposición de los “populares” al igual que en el Congreso, será el primero en debatirse este miércoles en sesión plenaria y necesita la mayoría absoluta (cuatro senadores más que los que tiene el Grupo Popular) para aprobarse. De no prosperar, pasaría a votarse el proyecto en sí, cuyo respaldo supondría su ratificación definitiva y posterior envío al BOE, cumpliendo con los planes previstos por el Gobierno.
Una aprobación polémica
Los socialistas cuentan en el Senado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, pero siendo que los populares son la formación mayoritaria en esta Cámara, se requiere que el resto de parlamentarios estén en su escaño durante la votación. De hecho, el PP ya rechazó el procedimiento urgente durante el debate de la Mesa del pasado martes, por entender que suponía una ausencia de garantías, en contra del criterio del resto de grupos con representación en la Mesa.
Aunque los "populares" rechazaron el solitario esta iniciativa en el Congreso, no han descartado conseguir apoyos de grupos afines para conseguir que prospere su veto y la Ley sea devuelta al Congreso. De darse este extremo, o en caso de que los socialistas perdieran la votación del propio proyecto, el PSOE y sus aliados, ya en el Congreso, podrían levantar el veto o sufragar el rechazo del Senado con mayoría absoluta, para lo cual tendrían que habilitar un pleno extraordinario en la semana de nochevieja, la última hábil del presente periodo de sesiones.