L D (EFE) El Consejo de Ministros aprobó este jueves, para su remisión a las Cortes, el proyecto de ley de matrimonios homosexuales, con la equiparación plena de derechos a los heterosexuales, y aseguró que con ello la institución matrimonial "no está amenazada", sino que sale reforzada. En conferencia de prensa tras el Consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó que se han estudiado las sugerencias del Consejo de Estado -que proponía estas uniones fuera del matrimonio-, pero "se ha decidido mantener los rasgos esenciales del proyecto y equiparar los derechos". La vicepresidenta explicó que se han introducido modificaciones técnicas, algunas de denominaciones en el ámbito de la adopción y la filiación.
Preguntada si habrá garantías jurídicas de que se mantendrá este proyecto si hay un cambio de Gobierno, la portavoz aclaró que "las instituciones que se van incorporando a la sociedad civil con nuevas regulaciones, en la medida que se asientan, no se suelen cambiar, pero no se puede establecer una garantía jurídica hacia el futuro". Sobre la oposición de la Iglesia ante los matrimonios homosexuales, Fernández de la Vega dijo: "respeto sus posiciones, pueden hacer las manifestaciones que consideren oportunas, pero ello no altera las competencias del Gobierno", y evitó polemizar al respecto.
El texto que se envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria no ofrece cambios significativos respecto a lo aprobado por el Consejo de Ministros en octubre pasado, y mantiene la adopción, que ha sido uno de los aspectos que más polémica levantaron. Los estudios que maneja el Gobierno calculan que la regulación del matrimonio homosexual podría beneficiar a cuatro millones de ciudadanos españoles.
Preguntada si habrá garantías jurídicas de que se mantendrá este proyecto si hay un cambio de Gobierno, la portavoz aclaró que "las instituciones que se van incorporando a la sociedad civil con nuevas regulaciones, en la medida que se asientan, no se suelen cambiar, pero no se puede establecer una garantía jurídica hacia el futuro". Sobre la oposición de la Iglesia ante los matrimonios homosexuales, Fernández de la Vega dijo: "respeto sus posiciones, pueden hacer las manifestaciones que consideren oportunas, pero ello no altera las competencias del Gobierno", y evitó polemizar al respecto.
El texto que se envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria no ofrece cambios significativos respecto a lo aprobado por el Consejo de Ministros en octubre pasado, y mantiene la adopción, que ha sido uno de los aspectos que más polémica levantaron. Los estudios que maneja el Gobierno calculan que la regulación del matrimonio homosexual podría beneficiar a cuatro millones de ciudadanos españoles.