L D (EFE) El estudio pericial, que este martes publica el diario El País, ha sido realizado por una decena de institutos oficiales y valora pensiones a víctimas del terrorismo, indemnizaciones, escoltas y la paralización de la central nuclear de Lemóniz, que durante ese período ascendió a 3.498 millones de euros.
Los 4.339 millones restantes se denominan en el informe "costes directamente cuantificables" e incluyen los causados a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), indemnizaciones a víctimas (335 millones), pensiones (más de 350 millones), gastos penitenciarios (casi 87 millones) y los originados a partidos políticos (unos 36 millones de euros). El informe también incorpora, a título estimativo, los datos reflejados en dos estudios de profesores universitarios, de los que se desprende que la pérdida del Producto Interior Bruto (PIB) para el País Vasco por el terrorismo habría ascendido a casi 90.000 millones de euros entre 1994 y 2003.
Al margen de los datos oficiales, aportados por las instituciones para el período comprendido entre 1970 y 1993, el dictamen pericial incorpora estudios ya publicados sobre los atentados de ETA en aquellos años y que suponen otros 2.890 millones de euros de costes derivados de secuestros, extorsiones, el cierre de Lemóniz, la campaña contra la autovía de Leizarán y diversas indemnizaciones. El informe elaborado para el juez Garzón se apoya en estudios de diversas universidades, y singularmente en "ETA: Estrategia organizativa y actuaciones entre 1978 y 1992", editado por la Universidad del País Vasco.
Los 4.339 millones restantes se denominan en el informe "costes directamente cuantificables" e incluyen los causados a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), indemnizaciones a víctimas (335 millones), pensiones (más de 350 millones), gastos penitenciarios (casi 87 millones) y los originados a partidos políticos (unos 36 millones de euros). El informe también incorpora, a título estimativo, los datos reflejados en dos estudios de profesores universitarios, de los que se desprende que la pérdida del Producto Interior Bruto (PIB) para el País Vasco por el terrorismo habría ascendido a casi 90.000 millones de euros entre 1994 y 2003.
Al margen de los datos oficiales, aportados por las instituciones para el período comprendido entre 1970 y 1993, el dictamen pericial incorpora estudios ya publicados sobre los atentados de ETA en aquellos años y que suponen otros 2.890 millones de euros de costes derivados de secuestros, extorsiones, el cierre de Lemóniz, la campaña contra la autovía de Leizarán y diversas indemnizaciones. El informe elaborado para el juez Garzón se apoya en estudios de diversas universidades, y singularmente en "ETA: Estrategia organizativa y actuaciones entre 1978 y 1992", editado por la Universidad del País Vasco.