L D (EFE) Dicho documento definirá el marco jurídico que se aplicará para penalizar el latifundio y servirá de base para la toma de decisiones en esa materia "tan delicada", dijo este martes el ministro de Agricultura y Tierras, Arnoldo Márquez. El informe lo elaborarán el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y la Procuraduría General, entre otros organismos públicos.
Márquez señaló que la "guerra" contra el latifundio está dirigida a satisfacer "la necesidad de democratizar y redistribuir la tierra e impulsar el desarrollo productivo del país". El plan de intervención de tierras afectará, según el ministro, a las fincas públicas y privadas en estado ocioso o aquellas cuya propiedad no pueda establecerse legalmente.
La Ley de Tierras vigente define como latifundio a aquellos terrenos de más de 5.000 hectáreas ociosas. Eliécer Otaiza, presidente del INTI, aseguró que han identificado "unos 500 terrenos ociosos y 56 latifundios en el país" a través de un proceso de "registro nacional" que busca precisar las tierras improductivas y determinar si son de origen público o privado.
La lucha contra el latifundio saltó nuevamente a la palestra pública nacional a finales de diciembre pasado, cuando el gobernador del estado de Cojedes, el oficialista Johnny Yánez, decretó la "intervención de tierras públicas o privadas presuntamente ociosas o enmarcadas bajo el régimen latifundista" en esa región. El decreto de Yánez fue respaldado de palabra por otros ocho gobernadores de estado oficialistas, y dos de ellos, Carlos Jiménez, de Yaracuy, y José Briceño, de Monagas, firmaron decretos parecidos. El informe, que se espera que sea presentado mañana, busca articular lo establecido por los tres decretos, cuyas claras diferencias de forma y fondo han ocasionado reacciones negativas en el sector privado.
La presidenta de la patronal Fedecámaras y líder opositora, Albis Muñoz, dijo durante su mensaje de fin de año que "hay preocupación en el empresariado por el mensaje negativo" que pueden significar medidas como intervenciones de terrenos supuestamente ociosos. También sectores políticos opositores han denunciado que los decretos de los gobernadores son "inconstitucionales" porque esos funcionarios no estarían facultados para decidir sobre la ordenación de las tierras baldías. Rangel afirmó este lunes en un comunicado que el plan contra la tierra ociosa "no tiene carácter expropiatorio ni arbitrario", en respuesta al "creciente interés" que el asunto ha despertado en la opinión pública.
Chávez reiteró el pasado 25 de diciembre, en el marco de una visita oficial a China, que su Gobierno erradicará el latifundio "sin atropellar y respetando los derechos de los que tengan tierras". "Una persona puede tener 20.000 hectáreas de tierra, pero si las tiene en producción no es latifundio", resaltó Chávez, al manifestar que "ojalá los latifundistas entren en razón y no haga falta un juicio, la aplicación de la Ley de Tierras o expropiaciones". La expropiación de tierras ociosas es un tema controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que usa la oposición para calificar a Chávez de "castro-comunista" y "dictador".
La aprobación por decreto presidencial de la polémica Ley de Tierras propició en diciembre de 2001 la primera de una serie de huelgas patronales y sindicales que agitaron la crisis política en el país, cuyo punto álgido se registró en abril de 2002 con el golpe de Estado que derrocó a Chávez durante 48 horas.
Márquez señaló que la "guerra" contra el latifundio está dirigida a satisfacer "la necesidad de democratizar y redistribuir la tierra e impulsar el desarrollo productivo del país". El plan de intervención de tierras afectará, según el ministro, a las fincas públicas y privadas en estado ocioso o aquellas cuya propiedad no pueda establecerse legalmente.
La Ley de Tierras vigente define como latifundio a aquellos terrenos de más de 5.000 hectáreas ociosas. Eliécer Otaiza, presidente del INTI, aseguró que han identificado "unos 500 terrenos ociosos y 56 latifundios en el país" a través de un proceso de "registro nacional" que busca precisar las tierras improductivas y determinar si son de origen público o privado.
La lucha contra el latifundio saltó nuevamente a la palestra pública nacional a finales de diciembre pasado, cuando el gobernador del estado de Cojedes, el oficialista Johnny Yánez, decretó la "intervención de tierras públicas o privadas presuntamente ociosas o enmarcadas bajo el régimen latifundista" en esa región. El decreto de Yánez fue respaldado de palabra por otros ocho gobernadores de estado oficialistas, y dos de ellos, Carlos Jiménez, de Yaracuy, y José Briceño, de Monagas, firmaron decretos parecidos. El informe, que se espera que sea presentado mañana, busca articular lo establecido por los tres decretos, cuyas claras diferencias de forma y fondo han ocasionado reacciones negativas en el sector privado.
La presidenta de la patronal Fedecámaras y líder opositora, Albis Muñoz, dijo durante su mensaje de fin de año que "hay preocupación en el empresariado por el mensaje negativo" que pueden significar medidas como intervenciones de terrenos supuestamente ociosos. También sectores políticos opositores han denunciado que los decretos de los gobernadores son "inconstitucionales" porque esos funcionarios no estarían facultados para decidir sobre la ordenación de las tierras baldías. Rangel afirmó este lunes en un comunicado que el plan contra la tierra ociosa "no tiene carácter expropiatorio ni arbitrario", en respuesta al "creciente interés" que el asunto ha despertado en la opinión pública.
Chávez reiteró el pasado 25 de diciembre, en el marco de una visita oficial a China, que su Gobierno erradicará el latifundio "sin atropellar y respetando los derechos de los que tengan tierras". "Una persona puede tener 20.000 hectáreas de tierra, pero si las tiene en producción no es latifundio", resaltó Chávez, al manifestar que "ojalá los latifundistas entren en razón y no haga falta un juicio, la aplicación de la Ley de Tierras o expropiaciones". La expropiación de tierras ociosas es un tema controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que usa la oposición para calificar a Chávez de "castro-comunista" y "dictador".
La aprobación por decreto presidencial de la polémica Ley de Tierras propició en diciembre de 2001 la primera de una serie de huelgas patronales y sindicales que agitaron la crisis política en el país, cuyo punto álgido se registró en abril de 2002 con el golpe de Estado que derrocó a Chávez durante 48 horas.