L D (EFE) El abogado Benito Saldaña, defensor del inspector F.C.V., explicó que el Supremo ha eliminado las condenas por tráfico de drogas y por falsedad en documento oficial y únicamente impone al agente 1.080 euros de multa por tenencia ilícita de armas, en lugar de los tres meses de cárcel fijados por la Audiencia. Este delito deriva de que F.C.V. guardaba en su domicilio una escopeta, un revólver, dos pistolas y munición que habían sido incautados en operaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana a la que pertenecía.
Esta fue la última de las sentencias de lo que en su día se llamó la "mafia policial" de Sevilla, en la que una confidente ya fallecida acusó en 1991 de corrupción a varias brigadas policiales y dio lugar a la apertura de diligencias contra 16 agentes, aunque la mayoría han resultado absueltos excepto un agente condenado por malversación de fondos públicos por arrojar al río Guadalquivir un teléfono móvil oficial.
La sentencia de la Audiencia, ahora anulada por el TS, impuso al inspector cuatro años de cárcel por tráfico de drogas, por guardar en su despacho de la Comisaría del Distrito Macarena 150 gramos de hachís, 465 miligramos de distintas sustancias con mezclas de heroína, cafeína y noscapina, así como diversos comprimidos de psicotrópicos presuntamente para pagar a confidentes. No obstante, el procesado alegó que se trataba de muestras que utilizaba para sus clases a policías en prácticas. Además, la Audiencia le impuso 18 meses de prisión por falsedad, por falsificar la firma de un compañero en un atestado que realizó en 1991.
El inspector pasó 8 meses en prisión preventiva incondicional por estos hechos, por lo que su abogado defensor se preguntó, en declaraciones a Efe, "cómo le van a resarcir ahora de la injusticia cometida contra él" y aseguró que los jueces "deben atemperar la medida de prisión preventiva y no precipitarse al decretarla". Saldaña lamentó que las personas sean sometidas a penas de prisión sin haber sido juzgadas y dijo que los jueces "no deberían dejarse influir por la presión mediática" como ocurrió en este caso.
Además de los policías acusados de prevaricación, tráfico de drogas y falsedad, un agente del Grupo de Atracos de la Policía llegó a ser juzgado por el presunto asesinato de un delincuente conocido como "Niño Kiko", por el que el fiscal pidió para él 28 años de cárcel aunque finalmente resultó absuelto.
Esta fue la última de las sentencias de lo que en su día se llamó la "mafia policial" de Sevilla, en la que una confidente ya fallecida acusó en 1991 de corrupción a varias brigadas policiales y dio lugar a la apertura de diligencias contra 16 agentes, aunque la mayoría han resultado absueltos excepto un agente condenado por malversación de fondos públicos por arrojar al río Guadalquivir un teléfono móvil oficial.
La sentencia de la Audiencia, ahora anulada por el TS, impuso al inspector cuatro años de cárcel por tráfico de drogas, por guardar en su despacho de la Comisaría del Distrito Macarena 150 gramos de hachís, 465 miligramos de distintas sustancias con mezclas de heroína, cafeína y noscapina, así como diversos comprimidos de psicotrópicos presuntamente para pagar a confidentes. No obstante, el procesado alegó que se trataba de muestras que utilizaba para sus clases a policías en prácticas. Además, la Audiencia le impuso 18 meses de prisión por falsedad, por falsificar la firma de un compañero en un atestado que realizó en 1991.
El inspector pasó 8 meses en prisión preventiva incondicional por estos hechos, por lo que su abogado defensor se preguntó, en declaraciones a Efe, "cómo le van a resarcir ahora de la injusticia cometida contra él" y aseguró que los jueces "deben atemperar la medida de prisión preventiva y no precipitarse al decretarla". Saldaña lamentó que las personas sean sometidas a penas de prisión sin haber sido juzgadas y dijo que los jueces "no deberían dejarse influir por la presión mediática" como ocurrió en este caso.
Además de los policías acusados de prevaricación, tráfico de drogas y falsedad, un agente del Grupo de Atracos de la Policía llegó a ser juzgado por el presunto asesinato de un delincuente conocido como "Niño Kiko", por el que el fiscal pidió para él 28 años de cárcel aunque finalmente resultó absuelto.