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El policía muerto en Vicálvaro daba seguridad a varios locales de alterne de Madrid

José Manuel Álvarez Pacios, el policía que murió el pasado 5 de enero en Vicálvaro, trabajaba proporcionando seguridad a varios clubes de alterne de la capital y, según algunas fuentes, cuando ocurrieron los hechos iba a cobrar una deuda de un millón de euros. Por su parte, el secretario de organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito Celador, ha declarado a Libertad Digital que su gremio da por buenas las explicaciones del jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, respecto al caso de corrupción.

José Manuel Álvarez Pacios, el policía que murió el pasado 5 de enero en Vicálvaro, trabajaba proporcionando seguridad a varios clubes de alterne de la capital y, según algunas fuentes, cuando ocurrieron los hechos iba a cobrar una deuda de un millón de euros. Por su parte, el secretario de organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito Celador, ha declarado a Libertad Digital que su gremio da por buenas las explicaciones del jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, respecto al caso de corrupción.
(Libertad Digital) Según ha publicado este martes el diario El Mundo, José Manuel Álvarez Pacios era jefe de seguridad de varios locales de alterne y también de casas privadas que se dedicaban a la prostitución tanto en la capital como en las carreteras en las salidas de Madrid. Para esto, contrataba los servicios de varios vigilantes. De hecho, se señala que en uno de esos locales conoció a la que era su amante, una mujer colombiana. Ésta le habría pedido ayuda para realizar unos trabajos para algunos amigos, que a la postre podrían haber introducido a Álvarez Pacios en el "negocio" de los secuestros y sobornos.
 
Por su parte, el diario La Razón señala que en el momento del suceso de Vicálvaro, Álvarez Pacios iba a cobrar una deuda de un millón de euros a Jesús González Conde, el marido de la mujer que disparó al policía y que permanece en la actualidad en la cárcel. González Conde tiene antecedentes por robo de vehículos y tráfico de drogas, por lo que es posible que el intento de secuestro tuviera relación con las mafias colombianas de narcotráfico y el cobro de cuentas pendientes. Esta información ha sido facilitada por un testigo protegido de la policía, según publica La Razón, que también implicó a José Martínez Cuadrado, otro agente de la policía. La mujer arrestada lo reconoció en fotografías como uno de los que la vigilaba en los días previos al suceso. Martínez Cuadrado fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza poco más tarde.
 
Opiniones del SUP a las declaraciones de Rancaño
 
José María Benito Celador, secretario de organización del SUP, dijo en declaraciones a Libertad Digital que lo que está claro es que se trata de elementos aislados del cuerpo de Policía y que descarta que exista una mafia dedicada a los sobornos o a los secuestros. Además, subrayó que su sindicato debía creer a Rancaño porque tenía informes de primera mano y porque le constaba que la investigación se estaá realizando con rigor.
 
Miguel Ángel Fernández Rancaño declaró este lunes que lo ocurrido en relación al policía muerto en Vicálvaro –que estaría involucrado en una serie de extorsiones y sobornos–  era apenas un "pequeño tumor que se ha cogido a tiempo y se va a extirpar". Además, desmintió la información acerca de un tercer policía implicado junto a Álvarez Pacios y José Martínez Cuadrado. Dijo que los estos agentes trabajaban solos en sus labores de chantaje y que no había nadie más implicado.
 
El diario ABC publica este martes que la Jefatura Superior de Policía de Madrid reveló que Álvarez Pacios ofreció a otro agentes que participaran en sus actividades delictivas, cosa que estos rechazaron. Fernández Rancaño dijo que la Policía no maneja datos que apunten a más casos de esta índole.
 
Sin embargo, hay algunos hechos pasados que también involucran a policías. Uno de esos casos fue recordado este lunes por el diario El Mundo. Se trata de un secuestro ocurrido el pasado mes de abril en un poblado de Valdemingómez. En este caso también se trató de una familia gitana que era conocida por su buena situación económica. Uno de sus jóvenes miembros fue secuestrado a la salida de un bar de copas en Móstoles después de ser abordado por cuatro personas que se identificaron como policías. Sólo recobró la libertad tras el pago de un rescate de cerca de 141.000 euros.

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