L D (Europa Press) Concretamente, las preocupaciones de Amnistía Internacional en Marruecos y el Sáhara Occidental se refieren a la nueva legislación sobre seguridad, las torturas, las desapariciones, la falta de libertad de expresión, la pena de muerte, los derechos de la mujer y los prisioneros de guerra en manos del Frente Polisario.
Respecto, a la legislación sobre seguridad, Amnistía afirma que tras los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, que causaron 45 muertos, el Parlamento aprobó una nueva ley para "combatir el terrorismo", que entró en vigor el 28 de mayo. Según AI, la ley contenía una definición amplia e imprecisa de "terrorismo". Además, ampliaba el límite legal de la detención preventiva sin cargos, previa a la comparecencia ante un juez, hasta un máximo de 12 días en los casos de terrorismo, cuatro días más que lo previsto anteriormente. Restringía también el acceso del detenido a un abogado durante ese periodo, que es cuando más expuesto está a sufrir torturas y malos tratos. La ley ampliaba además el ámbito de aplicación de la pena de muerte.
Asimismo, Amnistía asegura que desde el año 2002 se ha percibido un significativo aumento de las denuncias de las torturas y malos tratos en Marruecos. Entre los colectivos que han sufrido torturas se encuentran islamistas o presuntos islamistas, miembros de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y activistas saharauis. Por otra parte, Amnistía valora que la Comisión de Igualdad y Reconciliación, establecida por las autoridades en enero de 2004 para investigar los casos de desapariciones y detenciones arbitraria ocurridos entre 1956 y 1999, iniciada el pasado 15 de diciembre una serie de vistas públicas que dan a supervivientes de esos hechos y a las familias de los desaparecidos la oportunidad de exponer sus casos.
Torturas y malos tratos
Según AI, desde la década de los setenta un número elevado de hombres, mujeres y niños de todas las capas sociales fueron detenidos en lugares secretos y fueron sometidos frecuentemente a torturas y malos tratos. "La puesta en marcha de esta comisión es un avance significativo, que puede contribuir a abordar las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el pasado", afirma la organización. "Sin embargo", prosigue, "los estatutos de la Comisión excluyen categóricamente la identificación de autores individuales y rechazan los procesamientos penales, lo que en noviembre llevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a expresar su preocupación por el hecho de que no se hayan previsto medidas para llevar ante la justicia a los responsables de desapariciones".
Respecto a la libertad de expresión, Amnistía recuerda el caso del periodista Alí Lmrabet, cuyo encarcelamiento "puso de manifiesto en el año 2003 las restricciones a la libertad de expresión que pueden aplicarse en Marruecos". "La monarquía y la situación del Sáhara Occidental siguen siendo asuntos prohibidos en el debate público, incluso para la prensa que expresa pacíficamente sus puntos de vista", afirma la organización. Lmrabet quedó en libertad en enero de 2004, "pero no se ha revisado ni derogado la legislación que estipula penas de prisión por el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales", añade.
Pena de muerte
Respecto a la pena de muerte, Amnistía afirma que, aunque desde 1993 no se han llevado a cabo ejecuciones, la legislación vigente sigue contemplando la aplicación de este castigo. En mayo de 2003, la nueva ley "para combatir el terrorismo" incrementó el número de delitos por los que puede aplicarse la pena de muerte. A finales de 2003 se habían dictado al menos 16 condenas de muerte en virtud de esta ley.
Amnistía admite que en 2004 se han detectado algunas señales positivas en relación con los derechos de la mujer. En febrero fue promulgado un nuevo Código de Familia, que eleva de 15 a 18 años la edad legal de las mujeres para casarse --lo que la iguala a la edad establecida para los hombres--, impone rigurosas restricciones a la poligamia y reconoce la responsabilidad equitativa y compartida del marido y la esposa en el matrimonio. "Con todo, no experimentaron grandes cambios las disposiciones relativas al derecho de herencia, discriminatorias para la mujer", lamenta AI.