(Libertad Digital) En un inventario llevado a cabo a raíz de un convenio firmado por la Generalidad y la Administración del Estado se clasificaron los documentos de Salamanca y sirvió de base para el informe que este sábado publica el rotativo. En dicho documento se explica que “clarísimamente hay bloques de legajos que fueron incautados en instituciones ajenas a la Generalidad”, como los correspondientes al Comité de Milicias Antifascistas, así como otros incautados en domicilios particulares, los documentos relativos al Patronato del Monasterio de Santes Creus (claramente un archivo privado) y documentos personales de Albert Carsi.
El informe recogido por ABC explica que la clasificación de documentos de la Guerra Civil se hizo “desatendiendo por completo la norma del respeto necesario a la procedencia de los fondos. Se recurre a la prisa por identificar a los “enemigos del nuevo régimen” para justificar la desorganización a la hora de ordenar los legajos. Por esto mismo, el informe explica que sería “imposible” determinar cuáles documentos procedieron de la Generalidad, y se recuerda que los papeles agrupados bajo la etiqueta “fondos de la Generalidad de Cataluña” proceden de lugares tan dispares como Barcelona, Lérida, Madrid, Castellón, Vinaroz y Aragón. “Lógicamente, si los documentos procedieran todos ellos de instituciones de la Generalidad, todos habrían sido incautados en Barcelona o a lo sumo en Lérida”, concluye el informe.
Con la salida a la luz de este informe, se une un nuevo elemento de crítica a esta polémica decisión, que ya fue rechazada por gobiernos anteriores. La ministra Carmen Calvo anunció que la división de los archivos iba a suceder, pero siempre quiso dejar claro que lo iban a hacer “de acuerdo a la legalidad” y recordó que iba a crear una Ley como había sugerido la Abogacía del Estado.