L D (Agencias) Los socialistas necesitaban el voto favorable del resto de los grupos para respaldar el proyecto del Ejecutivo, toda vez que los populares, contrarios al mismo, se encuentran a sólo cuatro escaños de la mayoría absoluta, fijada en 130 senadores.
La aprobación de la reforma por la Cámara Alta, que se produjo por el procedimiento de lectura única, supone el último trámite parlamentario de la modificación legal, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, previsiblemente a principios de enero. Además, según indica la propia reforma en su disposición final, la nueva mayoría cualificada de tres quintos que se establece para elegir magistrados del Supremo por parte del Consejo General del Poder Judicial, se aplicará a cubrir las vacantes anunciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Ello abarca las plazas de presidente de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Supremo, así como una decena de puestos de magistrado del alto tribunal.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, abrió el debate para exponer al Senado que dicho proyecto guarda una "intención de transparencia" y permite que las "diferentes sensibilidades" de los altos cargos judiciales se vean obligadas, por la Ley, "a conversar" para alcanzar acuerdos. Por su parte, el portavoz del PP en la comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde, consideró que "bajo la hojarasca de los grandes principios" que argumenta el Ejecutivo para sacar adelante la Ley "se esconde el propósito de sojuzgar al Consejo General del Poder Judicial".
Veto a la totalidad del proyecto
El grupo popular había registrado un veto a la totalidad del proyecto de Ley Orgánica, si bien fue rechazado por el Pleno de la Cámara al obtener la oposición de 131 senadores, los que integran el grupo socialista y los que pertenecen al resto: Entesa, CiU, PNV, CC y Mixto. Participaron en la votación 257 senadores, de modo que sólo se ausentaron dos -del grupo socialista- por enfermedad, informaron fuentes de este partido en el Senado.
La participación de los senadores en la votación resultaba fundamental, toda vez que la de la semana pasada, por la que se debía fijar el trámite de dicho proyecto en el Senado -al final se estableció el de lectura única, como en el Congreso- se tuvo que efectuar dos veces, ya que la primera terminó en empate. En ella, además, resultó decisiva la ausencia de un senador del PP, Gustavo Alcalde, porque se dirimió a favor por sólo dos votos de diferencia. Pero hoy todos los senadores populares ocupaban sus respectivos escaños.
Tras precisar que uno de los principios generales del ordenamiento jurídico consiste en no votar por segunda vez lo que se ha rechazado en la primera, el senador del PP afirmó que "el Ejecutivo entiende que designar los jueces del Tribunal Supremo es una cuestión política" y no jurídica. Además, denunció por "absurdo" el sistema de nombramientos basado en la designación por mayoría cualificada y tildó de "atropello a la democracia" la polémica que este proyecto causó en el Congreso.